Alcocer: "Muy pocas" las probabilidades de evitar la ejecución de Hernández

martes, 8 de abril de 2014
MÉXICO, D.F., (apro).- A unas horas de la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas, acusado de violación y muerte en Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto pidió una vez más al Congreso del país del norte que impulse la ley federal que recoge el fallo Avena para revisar la situación de decenas de connacionales sentenciados a la pena de muerte, que fueron privados de su derecho de asistencia consular. Por separado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy a EU a suspender la ejecución del mexicano, prevista para este miércoles, al insistir en las medidas cautelares que dictó en su favor. Advirtió que el desconocimiento por parte de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) a una solicitud para preservar la vida e integridad de una persona condenada a muerte, mientras se examina la petición presentada, “contraviene gravemente las obligaciones internacionales de ese Estado”. En tanto, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Sergio Alcocer, quien manifestó que las probabilidades para evitar la ejecución de Hernández Llanas son “muy pocas”, lamentó que los congresistas sigan sin dar una respuesta a la petición para recoger el fallo Avena, pese a la insistencia del gobierno del presidente Barack Obama para que esa iniciativa prospere. El funcionario federal sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo el mismo planteamiento ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para encausar la solicitud ante el Congreso estadunidense, y reiteró que desde México se seguirá prestando todo el apoyo jurídico que requieran las familias de los conciudadanos que esperan la fecha para ser ejecutados y que en la Unión Americana suman 48. Sobre el caso de Hernández Llamas, de 44 años de edad, señaló que el gobierno de México ha estado en constante comunicación con los abogados que llevan ese asunto “para examinar las posibilidades que existan de presentar algún recurso judicial que pueda ya sea suspender o aplazar, por lo pronto, la ejecución del señor Hernández Llanas. Lamentablemente los casos similares que en días pasados se han resuelto en la ejecución (…) indican que las probabilidades de que se pueda lograr alguna suspensión temporal son muy pocas”, señaló. Entrevistado al concluir la inauguración del Seminario Violencia de género y reforma legal, que este martes se presentó en la Cancillería, Alcocer señaló que de llevarse a cabo la ejecución, brindarán apoyo a los deudos. “El gobierno de México apoya en la medida que los familiares, en este caso del señor Hernández Llanas, lo solicitan. Lo hicimos en el caso de la ejecución del señor Tamayo, y en caso de que los familiares del señor Hernández Llanas lo soliciten apoyaremos con el traslado del cuerpo y los trámites que conlleva”, precisó. A pregunta expresa, el subsecretario subrayó que “ve con simpatía” la petición que el Senado de la República emitirá este martes a su contraparte de Estados Unidos, intercediendo por el connacional “para que el lenguaje de Avena se implante en la legislación estadunidense”. Hernández Llanas –acusado por el asesinato de Glen Lich, un ranchero del Condado de Kerr, al noroeste de San Antonio, el 15 de octubre de 1997– es el segundo mexicano que en 2014 enfrentaría la pena de muerte, pese a que su caso forma parte del fallo Avena que emitió la Corte Internacional de Justicia y que ordenó a Estados Unidos revalorar la sentencia de 51 mexicanos que no recibieron atención consular durante su proceso de juicio. El pasado 22 de enero, alrededor de las 21:15 horas, Edgar Tamayo Arias fue ejecutado con una inyección letal que le quitó la vida en 11 minutos en la unidad carcelaria Walls, localizada en la comunidad de Huntsville, Texas. A las 21:32 horas el mexicano fue declarado oficialmente muerto por las autoridades de ese penal. Así se cumplió la sentencia que le fue dictada hace 20 años por asesinar al policía Guy P. Gaddys el 31 de enero de 1994. En aquella ocasión la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el hecho y subrayó que la ejecución “viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004)". También hizo un llamado para que Estados Unidos tome acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países.

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