OAXACA, Oax. (apro).- El crimen organizado transnacional ya asumió el control total del tráfico de humanos, y ello ocurre en un contexto de impunidad y corrupción oficial, “situación que hace más grave y delicadas las condiciones en que viajan los migrantes centroamericanos y los propios mexicanos”, denunció Juan Martín Pérez García, director de la Red por la Derechos de la Infancia en México (Redim). A ello se suma, agregó, “la discriminación y xenofobia contra los adolescentes, al asociarlos con el crimen organizado, cuando no todos los adolescentes o niños son parte de grupos criminales”. Lo preocupante es que “en México hay una situación compleja y poco respetuosa de los derechos de la infancia, debido a que los niños migrantes no acompañados, y que tienen hasta 12 años, son enviados a instituciones, pero de los 13 años en adelante los llevan a las estaciones migratorias, donde son privados de libertad, y eso es criminalizar”. Y es que, sostuvo, “una situación administrativa no puede estar por encima de los derechos de ir a la escuela, tener servicios de salud, estar en familia y tampoco te pueden privar de tu libertad”. Pérez García mencionó que, según datos que han obtenido, de 12 mil a 13 mil infantes mexicanos han sido deportados por autoridades estadunidenses, mientras que de centroamericanos van 40 mil, y se estima que al año serán repatriados unos 60 mil. El director de la Redim, que representa a una coalición de 77 organizaciones que su principal motivo de articulación es la incidencia en la política pública para que el Estado mexicano cumpla con los pendientes y compromisos que asumió cuando firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, hace 24 años, sostuvo que el tema migratorio es un hecho global y esto ya no va a detenerse. Al contrario, alertó, “lo que va a suceder es un incremento y, en el caso de la región México, Centroamérica y Estados Unidos, se ha venido agudizando por las políticas migratorias estadunidenses, que van presionando a la política migratoria mexicana para generar un sello en la frontera”. También consideró que el Estado mexicano debe garantizar el derecho a la vida, a la integridad de los menores sin importar la nacionalidad y, en el caso de los infantes de 13 a 17 años, se constata la vulneración de sus derechos. Además, destacó que parte del desafío del Estado mexicano es que debe garantizar un trato sin discriminación para no estimular culturas de xenofobia. Finalmente, reconoció que no sólo el crimen organizado recluta menores, también el mismo Ejército, como el de Honduras, enrola a infantes para que no sean cooptados por grupos criminales.