Empantanados en la creación de la Gendarmería –cuerpo policiaco-militar prometido por el presidente Enrique Peña Nieto–, funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y mandos de la Policía Federal (PF) acusados de acoso sexual y laboral hacia personal femenino de la corporación, arremetieron contra las agentes que denunciaron en Proceso a esos dos organismos dependientes de la Secretaría de Gobernación.

En su número 1967, este semanario dio a conocer las condiciones a las cuales son sometidas las policías federales, obligadas a acceder a las peticiones sexuales de jefes de la corporación. Dos de las denunciantes, Griselda Montero y Genoveva Ruiz, han sufrido las consecuencias de haber hecho públicos sus casos.

Un ejemplo: Maestra en derecho constitucional, Montero fue relegada a un rincón de la Dirección General de Formación y Profesionalización de la PF, dependiente de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, institución en la cual era instructora en el tema del papel de la policía en los juicios orales...

Fragmento del texto que se publica en la edición 1970 de la revista Proceso, actualmente en circulación.