MÉXICO, D.F., (apro).- El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, encabezó hoy una guardia de honor en la plaza Melchor Ocampo de la capital de Morelia, en memoria de las ocho personas que perdieron la vida en los granadazos del 15 de septiembre de 2008, durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel. Según documentos del Centro de Comunicaciones, Comando, Cómputo y Control del gobierno estatal difundidos este lunes por Noticias MVS, el entonces presidente Felipe Calderón y Godoy Rangel ignoraron la información que alertaba sobre ese ataque. Dicho texto detalla cinco amenazas de atentado que fueron recibidas del primero al 12 de septiembre de 2008 a través del Servicio Telefónico de Emergencias “066”. Las cinco advertencias, apunta, fueron notificadas vía telefónica y escrita, en sobre cerrado, a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Preventiva (PFP), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), y de Protección Civil, que estaban comisionados en Michoacán. Una de las cinco amenazas, de acuerdo con el documento, fue recibida vía telefónica en el C-4 a las 11:37 horas del viernes 12 de septiembre de ese año, y en ella un hombre advirtió de forma textual: “El lunes 15 de septiembre estén atentos porque va a haber un desastre el día del Grito”. Esta información fue compartida de inmediato por personal del C-4 a Citlalli Fernández González, exsecretaria de Seguridad Pública de Michoacán y actual consejera del Poder Judicial estatal; Fidel Calderón Torreblanca, exsecretario de Gobierno y actual diputado local, así como a Miguel García Hurtado, exprocurador de Justicia de Michoacán. La amenaza fue notificada vía telefónica en sobre cerrado a Mario Bautista Ramírez, exdirector de la Policía Estatal, y a las oficinas del general de la XXI Zona Militar con sede en Morelia y del vicealmirante de la X Zona Naval con sede en el Puerto de Lázaro Cárdenas. El sobre cerrado con esa información también fue entregado en las oficinas de los delegados de la PGR y del Cisen en Michoacán, así como en la comandancia regional de la Policía Federal. Ninguna de las cinco amenazas fue tomada en serio, por lo que presuntos sicarios del cártel de La Familia Michoacana detonaron una granada de fragmentación en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, frente al Palacio de Gobierno. El saldo oficial fue de ocho personas muertas por las esquirlas y más de cien heridas. Varios de los heridos aún reciben terapias de rehabilitación y otros enfrentan el riesgo de sufrir amputaciones de brazos o piernas. Y aunque algunos reciben pensión por parte del gobierno del estado, argumentan que ésta es insuficiente, mientras que otros siguen haciendo gestiones para ser apoyados ante la imposibilidad de poder trabajar. A seis años de distancia, las actuales autoridades estatales, en compañía de familiares y testigos de los hechos, recordaron a los muertos.