MÉXICO, D.F. (apro).- Los derechos humanos en México atraviesan por un periodo de crisis, agudizada por casos como los de Iguala y Tlatlaya que han sacudido la conciencia de la ciudadanía y visibilizado el malestar social, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La sociedad, dijo, demanda acciones inmediatas y efectivas que den cauce y respuesta a sus exigencias de justicia, legalidad y respeto pleno a la dignidad humana y mientras el gobierno mantiene un “fructífero” activismo internacional en la presentación y seguimiento de iniciativas en todos los ámbitos, en particular en materia de derechos humanos, la situación interna es otra y ello mina la confianza y credibilidad de las instituciones, incluida la CNDH. Al participar como ponente en la XXVI Reunión de Embajadores y Cónsules a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el ombudsman sostuvo que se requiere hacer “un ejercicio autocrítico” y buscar mecanismos para hacer compatibles el discurso exterior con la política interior en materia de derechos humanos. Ante embajadores, cónsules, personal de mando de la SRE, excancilleres, embajadores eminentes y embajadores eméritos, subrayó que “la compleja situación de México en materia de derechos humanos” hace que situaciones como tortura, ejecución extrajudicial, migración, discriminación en todas sus formas, derechos de los pueblos indígenas, trata de personas, ataques a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, así como la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, requieran especial atención y seguimiento durante el año que comienza. El ombudsman nacional consideró que los desafíos exigen “dejar atrás viejas estructuras del mundo jurídico” y dar paso a un derecho “más funcional, flexible y con perspectiva internacional”, basado en estándares internacionales de derechos humanos y en normas no vinculatorias como las Observaciones Generales emitidas por comités y órganos de los tratados; resoluciones y directrices de organismos internacionales y los parámetros de la Jurisprudencia Internacional. Por ello urgió a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano a poner en el centro de toda la administración pública la defensa y protección de los derechos humanos y la atención especial a las víctimas. En ese ámbito, abundó, las embajadas y consulados “ejercen funciones de vital importancia para que los mexicanos hagan efectivos sus derechos en otros países”, por lo que expresó la disposición de la CNDH para “emprender acciones conjuntas que busquen la defensa y promoción de los derechos humanos de nuestros connacionales”. Aclaró que la CNDH no busca debilitar sino fortalecer al Estado mexicano, mediante señalamientos de las violaciones a derechos humanos en que incurran sus autoridades y funcionarios. “El derecho fortalece al Estado democrático. Su aplicación rigurosa para corregir los errores en que incurran los servidores públicos, fortalece la credibilidad y legitimidad de las instituciones”, afirmó.