MÉXICO, D.F. (apro).- Un grupo de ONG exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto que “acate y dé seguimiento irrestricto y puntual a todas las recomendaciones” de organismos internacionales difundidas recientemente, se castigue a los funcionarios señalados como responsables en “crímenes contra la población civil” y cese la criminalización contra víctimas y familiares que buscan justicia. Como parte de las conclusiones del “Foro sobre graves violaciones a derechos humanos”, las organizaciones consideraron atendibles las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el informe preliminar de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ANUDH). Esas tres instancias, destacaron, “enumeran y denuncian graves violaciones a los derechos humanos testimoniadas y documentadas en todo el país “, de ahí la exigencia del cumplimiento “irrestricto y puntual a todas las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales al respecto, con el fin de que el gobierno asuma sus obligaciones y responsabilidades y ponga fin al grave y preocupante escenario de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos que estamos viviendo en México”. También destacaron que mucha de la información con que fueron abastecidos esos organismos internacionales fue aportada por la sociedad civil, que acompaña casos de violaciones a derechos humanos, y que, “ante la falta de justicia real del Estado mexicano”, están acudiendo a instancias internacionales para denunciar la “grave crisis de derechos humanos” que afecta al país. Para acabar con la impunidad, propusieron que “las instituciones del Estado (de los tres niveles de gobierno) implicadas o señaladas en crímenes contra la población civil sean investigadas y castigadas para obtener una justicia real y la verdad en todos los casos de víctimas, poniendo especial énfasis sobre desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales”. Las ONG también reclamaron que se “ponga fin de forma inmediata a la criminalización de las víctimas, de sus familiares, de las personas defensoras de derechos humanos” que acompañan los casos y de los periodistas que documentan la grave crisis que se vive en México. Durante el foro las organizaciones resaltaron las cifras oficiales de los agravios: de 2004 a 2014 se han interpuesto en la CNDH alrededor de 58 mil 381 quejas por detenciones arbitrarias, además de 17 mil por tortura, tratos crueles e inhumanos, acciones que “se ha llevado a cabo por parte de las fuerzas del Estado para alimentar y justificar la criminalización y la idea de un enemigo común ante la opinión pública bajo el contexto de la guerra contra el narcotráfico desde 2006 hasta hoy”. Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, apuntaron, se tienen documentados 26 mil 599 caso de víctimas, cuyas investigaciones “no presentan mayor progreso para su localización por parte de las autoridades e instancias correspondientes”. Para las organizaciones, en México “se están violando los derechos humanos de forma sistemática y generalizada” desde hace décadas, pero la situación de impunidad se ha ido agravando “hasta llevarnos a la crisis y brutalidad de crímenes que vivimos actualmente”. Las organizaciones reunidas en el foro expresaron su preocupación “ante la omisión del Estado por no garantizar la efectiva protección de los derechos humanos y atender sus obligaciones nacionales e internacionales”, sin dejar pasar que en varios casos ha sido documentada “la complicidad e impunidad” entre autoridades de diferentes niveles de gobierno “con grupos paramilitares y el crimen organizado en buena parte del territorio nacional”. Luego resaltaron que el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y el posterior descubrimiento de decenas de fosas comunes en ese municipio “abrieron una verdad que se pretendía ocultar durante esta administración y que ha puesto de manifiesto una mínima parte de la gravedad que vive México en lo referente a esas violaciones”. También recordaron que, de noviembre de 2014 a mayo pasado, integrantes de “Los otros desaparecidos de Iguala” localizaron 104 cuerpos, y sólo se ha identificado y entregado a sus familiares 10 restos, sin el respaldo de peritos independientes, información que fue corroborada por la CIDH en su reciente visita. “Frente al informe preliminar de la CIDH difundido el 2 de octubre del año en curso, el gobierno mexicano respondió diciendo que ‘Iguala no es México’. Sin embargo, esto se viene repitiendo en forma extensiva y escalada en diversas partes del país, donde en la búsqueda de las personas desaparecidas se han encontrado cientos de fosas clandestinas con cuerpos”, apuntaron en el documento. Asimismo, destacaron que mientras en la administración de Felipe Calderón “las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles fueron consideradas como ‘daños colaterales”, en la gestión de Peña Nieto “sin más se ha omitido esta grave violación a los derechos humanos para cuidar la imagen del actual gobierno”, imagen que fue contrariada con el caso de Tlatlaya, “en el que se evidencian de forma contundente las faltas al debido proceso, justificando la muerte de supuestos delincuentes”. Para las organizaciones “el Estado mexicano ha cometido graves violaciones a derechos humanos de forma sistemática y generalizada, además de haber incumplido las obligaciones internacionales que ha ratificado en tratados y convenios” sobre la materia. El manifiesto fue firmado, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos Gobixha, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, Hermanos por la Justicia, Familiares en Búsqueda María Herrera, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.