MÉXICO, DF (apro).- Luego de meses de debates por el aumento en dos millones de los pobres en el país en los últimos dos años, organizaciones sociales reunidas en el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentaron hoy a los diputados seis medidas para reenfocar el paquete presupuestal del año entrante sobre el combate a los rezagos sociales del país. Los representantes del colectivo lamentaron que “la iniciativa presupuestal enviada por Hacienda (...) no ubique a la pobreza ni a la desigualdad como su prioridad”, por lo que expusieron su “agenda de justicia”, consensuada entre las más de 60 organizaciones que lo conforman. Entre las acciones propuestas sostuvieron la necesidad de “reducir las prerrogativas de los actores políticos” –entre ellos los partidos y los pagos extraordinarios a altos funcionarios– y reinvertir el dinero ahorrado en “inversiones de alto impacto social, como la cobertura en salud y la mejora de la infraestructura de las escuelas”. Con base en lo anterior, afirmaron que la reubicación de estos recursos permitiría alcanzar el acceso universal a la salud y corregir la situación actual, en la que 20 millones de mexicanos carecen de esa protección. También subrayaron la importancia de transparentar el destino de los recursos ejercidos en los programas sociales, así como establecer de manera definitiva un padrón único en el que quedarían registrados todos los receptores de estos programas. Y, como un primer paso para combatir de manera efectiva la pobreza, propusieron a los legisladores incrementar el salario mínimo en 2016 por encima de 86.40 pesos, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera como línea de pobreza. También cuestionaron la decisión de invertir las ganancias cambiarias del Banco de México –lo que ingresó la institución al vender en 16 pesos los dólares que compró en 12 pesos– al pago anticipado de la deuda, pues “en condición de estrechez de ingresos, el pago anticipado de una deuda con intereses bajos no es racional ni eficiente, ni recomendable”. En cambio, subrayaron la importancia de destinar este ingreso a obras de infraestructura productiva y social en zonas de rezago social, con estrictas condiciones de transparencia. En el último punto que las organizaciones expusieron ante los legisladores, destaca que ninguna de estas medidas se puede aplicar de manera eficiente en el marco actual de corrupción y de desvío de recursos públicos. Por ello exigieron que el dinero público sea ejercido “con la más absoluta transparencia, sin excusas ni pretextos y se anule la impunidad ante los hechos de corrupción”.