México, D.F., (apro).- El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, insistió que no tardará mucho tiempo la investigación que realiza por el presunto conflicto de interés en la compra de casas que adquirieron el presidente Enrique Peña Nieto; su secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, y su esposa Angélica Rivera. El funcionario federal precisó que las diligencias se realizan en tres ámbitos, el primero de los cuales tiene que ver con la revisión de los contratos que se hayan celebrado con las empresas que vendieron inmuebles a Peña y Videgaray. En el segundo se revisará si hay conflicto de interés en el otorgamiento de las obras, y el tercero se refiere a la exploración de la evolución patrimonial del presidente, de su esposa y del titular de la SHCP, puntualizó. El pasado jueves 5, Andrade aclaró que no investigaría la compra de las casas de los tres personajes mencionados porque su trabajo en ese sentido se limitará, dijo, a indagar los contratos de particulares con el gobierno federal. “No se investigan las operaciones de las casas porque eso no le compete a la Secretaría de la Función Pública, pero lo que sí le compete es ver de qué manera esos particulares entraron a proceso de contrataciones y adjudicaciones, eso es lo que sí vamos a investigar”, puntualizó en entrevistas radiofónicas. Pese a que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a Andrade investigar y resolver si hubo o no conflicto de intereses en los contratos otorgados a empresas que les vendieron inmuebles a “mi esposa, el titular de la Secretaría de Hacienda y un servidor”, el titular de la SFP subrayó que la compra en sí no es competencia de esa dependencia porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil. Andrade precisó que no entrarán al detalle de cómo el titular de Hacienda adquirió una casa de campo en Malinalco, Estado de México, ni como Angélica Rivera compró una mansión en Bosques de las Lomas a Grupo Higa en 2012, ni tampoco la adquisición de una residencia por parte del presidente Enrique Peña Nieto a Constructora y Urbanizadora Ixtapan en 2005. Incluso aclaró que ambas empresas constructoras, aunque hayan celebrado operaciones inmobiliarias con altos funcionarios del gobierno federal, no están impedidas legalmente para participar en la adjudicación de obras y procesos de licitación. Conforme a sus atribuciones legales, la SFP sólo investigará el presunto conflicto de interés a través de la revisión de los contratos que le fueron asignados, sea mediante licitación pública o adjudicación directa, apuntó. Y explicó que el conflicto de interés se conjuraría si en las asignaciones de obras a ambas empresas hubo inconsistencias. “Estamos hablando de situaciones en que particulares han tenido operaciones con funcionarios públicos y después participaron en contratos del gobierno, eso no está prohibido, y lo que tenemos que ver es si se hizo conforme a la legalidad, es decir, si concursaron con todas las reglas puestas o si hubo algún tipo de situación diferente”, dijo entonces.