MÉXICO, D.F. (apro).- Las dos cámaras legislativas tenían hasta el 7 de febrero para aprobar la iniciativa de la Ley General de Transparencia, la cual resultó de una colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y senadores y ampliaba la protección del derecho de acceso a la información. Sin embargo, la Red de Rendición de Cuentas (RRC) expresó hoy su preocupación ante el hecho de que esta iniciativa –cuya redacción terminó el 2 de diciembre– aún no sale del Senado y está sujeta a las “intenciones regresivas de las negociaciones parlamentarias”. La RRC insistió en que las negociaciones amenazan ocho puntos clave de la iniciativa original y “merman los alcances de la reforma constitucional de transparencia”. El martes 17, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ya denunciaba el intento del PRI de instaurar “opacidad, ilegalidad, corrupción y un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado” a través de las reservas a la iniciativa de ley emitidas desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y en las bancadas parlamentarias de PRI y PVEM. Si bien la RCC no señaló de forma directa al partido del presidente Enrique Peña Nieto, sí denunció la agregación del artículo 208 al texto de diciembre, el cual prevé sanciones en contra de funcionarios u organizaciones “cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados”, sin precisar lo que implica “generar daños” en términos legales. Para impedir a las dependencias transparentar datos con el argumento de que “no existe”, la iniciativa de ley redactada en diciembre obligaba a todas las administraciones a “generar la información y a documentar todos los actos”. Sin embargo, los legisladores intentan suprimir esta obligación, denunció RRC, lo que implicará que “los sujetos obligados simplemente podrán responder que no se documentó cualquier solicitud”. Al igual que lo planteó R3D la semana pasada, la RRC repudió el amplio margen de interpretación que rodean los conceptos de “estabilidad económica” y “seguridad nacional”, que las autoridades podrán invocar para negar el acceso a la información al aplicarse las modificaciones al proyecto de ley. Los legisladores también quieren amputar una disposición del proyecto de ley que obligaba a las autoridades en demostrar que reservaron información de seguridad nacional por “interés legítimo”. En cambio, buscan otorgar a las autoridades la posibilidad de atacar las resoluciones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual representaría “una facultad injustificada y desproporcional” que desencadenará “dilaciones del procedimiento de acceso a la información”. De mismo modo, eliminarían el recurso obligatorio a la “prueba de daño”. En otras palabras, los Comités de Transparencia internos a cada dependencia del Estado no necesitarían fundar o motivar las razones por las cuales clasificaron la información sino hasta que reciban un recurso de revisión. Otro tema de atención, según la RRC, es el intento de desaparecer las obligaciones de transparencia relacionadas con la explotación del petróleo y del gas, sectores a los que el gobierno trata de manejar “bajo un régimen especial” en el marco de la reforma energética. El propio Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) vería su papel debilitado, según la RRC, ya que no podrá exigir la desclasificación de información respecto a violaciones graves de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad sino hasta que otra instancia, como las comisiones nacional e interamericana de derechos humanos (CNDH y CIDH, respectivamente), califique los hechos de esta manera. En su última preocupación, la RRC advirtió que las modificaciones a la iniciativa de ley desaparecerían la obligación de hacer público el nombre y el RFC de “los contribuyentes beneficiados por condonaciones o cancelaciones en materia tributaria”, así como los montos de esos beneficios.