MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) resolvió el primer recurso de revisión relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar a un particular, en versión pública, fotografías y registros tomados a los estudiantes por el Ejército mexicano el pasado 26 de septiembre. La Sedena también deberá entregar la versión pública de las bitácoras y todos los informes con los que cuente sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes. El organismo de transparencia federal revocó la incompetencia alegada por la Sedena a un particular a quien le sugirió dirigir su petición a la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con esta dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam, los estudiantes fueron secuestrados y masacrados por el cártel Guerreros Unidos porque los confundieron con miembros de otro grupo criminal y las policías municipales de Iguala y Cocula colaboraron con ellos. Según expedientes de la PGR citados por el Ifai, algunos estudiantes lograron escapar para pedir ayuda; cinco de ellos acudieron al Hospital Cristina de Iguala, donde el personal informó a los militares del 27 Batallón de Infantería quienes acudieron al hospital, revisaron a los jóvenes, anotaron sus datos y les tomaron fotografías para finalmente retirarse sin realizar alguna otra acción. En ese sentido, al analizar el recurso de revisión, el comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que “existen indicios sobre la presencia de elementos del ejército mexicano en el Hospital Cristina, dados los testimonios de testigos presenciales”. Además, dijo, la normatividad aplicable obliga a los militares a rendir cuenta diariamente de las novedades de su jurisdicción. Asimismo, señaló que la PGR informó que la dependencia ha participado en reuniones y grupos de trabajo en coordinación con otros sujetos obligados y colaboró en la búsqueda de los desaparecidos. “De ello se deriva que la Sedena sí debería contar con elementos para entregar la información solicitada”, concluyó el comisionado ponente. Salas Suárez advirtió que la información solicitada podría formar parte de una averiguación previa en curso y contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal. No obstante afirmó que “existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. Por ello, abundó, la Sedena no podría clasificar esta información como reservada. Lo único que podrá hacer, dijo, es proteger los datos personales que pudieran obrar en la documentación y que no han sido ya publicados por las autoridades investigadoras. El comisionado consideró que los hechos que involucran a los 43 normalistas de Ayotzinapa “evidencian la importancia y el desafío que encara el Ifai de garantizar el derecho de acceso a la información pública para el devenir democrático del país. Salas Suárez recordó que gran parte de la sociedad mexicana y la comunidad internacional se solidarizó con las familias de los estudiantes para exigir al gobierno federal rendir cuentas de la investigación y advirtió la fractura del contrato social entre ciudadanía y gobierno. “Se ha desencadenado lo que hace tiempo no sucedía, que miles de ciudadanos salgan a las calles del país a exigir al gobierno respuesta, resultados, justicia y verdad… El pacto democrático entre la sociedad mexicana y sus gobernantes se ha debilitado… la apertura total ayudaría a combatir la desconfianza que se vive en el país”, sostuvo. En su oportunidad el comisionado Oscar Guerra señaló que el Ifai como órgano autónomo constitucional “debe estar a la altura” para hacer cumplir y respetar el derecho de acceso a la información en éste y en todos los acontecimientos de interés para el país. Además, en su cuenta de Twitter afirmó que “nadie puede negar que hubo presencia del ejército en #Ayotzinapa, deben revisarse las bitácoras y todo acervo documental de los hechos". Por su parte, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos argumentó que la presunta participación en el caso de las autoridades de primer nivel en el municipio y tal vez del Estado exige “con mayor rigor” el esclarecimiento de los hechos. “La expectativa social nacional e internacional es incontenible en este caso y la relevancia del mismo o de los 43 casos es más que evidente”, dijo. La comisionada Areli Cano señaló que, en este caso, el particular solicitó información que tiene que ver con el alcance de competencia de la Sedena, por lo que su respuesta, dijo, hace presumir que no se agotaron las formalidades al interior de la dependencia, en todas las áreas administrativas, para allegarse de la información solicitada. Por ello, a solicitud de Salas Suárez, el Ifai recovó la incompetencia alegada por la Sedena y la instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en todas sus áreas administrativas competentes, entre ellas el Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Batallones y Zonas Militares que acudieron a tomar conocimiento de los hechos y/o que hayan participado en reuniones y grupos de trabajo con motivo de las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. El Ifai pidió a la Sedena que en la información que proporcione al particular debe clasificar, en su caso, “únicamente aquellos datos personales que no hayan sido ya publicados por las autoridades investigadoras”. El de hoy fue el primer recurso de revisión resuelto por el Ifai sobre el caso Ayotzinapa. Actualmente existen en trámite 93 solicitudes de información y seis inconformidades.