Tráfico de opio, el negocio más lucrativo de Iguala

martes, 10 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos 19 personas murieron asesinadas en Iguala, Guerrero, a finales de febrero y principios de marzo. Y si la violencia continúa firme en esa ciudad, pese al envío de 600 policías federales y mil soldados para reemplazar a la policía local, es porque el negocio más lucrativo de Iguala, el tráfico de opio, no disminuye, destaca una nota publicada por la agencia Associated Press (AP). Señala que aunque nadie ha sido capaz de vincular directamente la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con el tráfico de opio, fue ese comercio el que permitió crear la atmósfera de muerte, sospechas y violencia con la que se encontraron los jóvenes el 26 de septiembre, cuando ingresaron a Iguala a pedir dinero y a apropiarse de autobuses con los que querían viajar a una manifestación en la capital. Una investigación federal estadunidense descubrió que vendedores de heroína en Chicago habían realizado llamadas desde sus teléfonos a teléfonos en Iguala, una ciudad de aproximadamente 140 mil habitantes, rodeada de montañas repletas de cultivo de amapola. Varios grupos de narcos combaten por el control de esas rutas y las jugosas utilidades que generan. En los meses anteriores a la desaparición de los 43 estudiantes, el cartel que controla la ciudad, Guerreros Unidos, trabajaba hombro con hombro con la policía para mantener retenes de control a las entradas de la ciudad. Su objetivo era vigilar que no se infiltrasen miembros del grupo rival, Los Rojos. Casi la mitad de la heroína que llega a Estados Unidos se produce en México, una cifra que ha aumentado del 39% que se supone se producía en el país en 2008. Es casi la misma cantidad de heroína que la producida por América del Sur, que un día predominaba en el mercado, según un estudio de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés). Y la mayoría del opio mexicano, que termina procesado en heroína, proviene de Guerrero. Además, el tráfico de drogas ha contribuido a que Guerrero sea uno de los estados más violentos de México. En 2014 se registraron mil 268 asesinatos, una tasa de 37.3 por cada 100 mil habitantes, la más alta del país, destaca la nota. Aunque Guerreros Unidos controla a Iguala, sus competidores más directos, Los Rojos, controlan el territorio que se extiende en dirección sur hasta la capital del estado, Chilpancingo. Las autoridades federales han dicho que los miembros de Guerreros Unidos, que han sido detenidos, les contaron que se les ordenó atacar a los 43 estudiantes porque creyeron que entre ellos había miembros de Los Rojos. Los investigadores creen que si la policía municipal de Iguala entregó a los estudiantes a Guerreros Unidos, que los asesinaron y quemaron sus cuerpos, fue por orden del exalcalde de la ciudad, José Luis Abarca. En esta investigación hay más de cien detenidos, 44 policías y 17 presuntos narcos, así como el exalcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda, que tiene vínculos familiares con Guerreros Unidos. Jorge Chabat, un experto mexicano en temas de seguridad, resalta que para poder enfrentar el problema del narcotráfico en el estado harán falta muchas detenciones más. "Sin reformas más profundas, sin el fin de la impunidad, sin reforzar el estado de derecho, poco va a pasar pese a la presencia federal", dijo Chabat. "Aunque capturen a algunos, la organización se mantiene", añadió. En las semanas previas a la desaparición de los estudiantes, los habitantes de Iguala recuerdan que se vivieron intensos enfrentamientos. En agosto, hombres armados bloquearon la autopista que va de Iguala a Chilpancingo. Cuando las autoridades lograron reabrirla se encontraron con 200 cartuchos percutidos y un cuerpo decapitado. La policía de Iguala, leal a Guerreros Unidos, mantenía puestos de control para filtrar la entrada de Los Rojos. Varios vecinos que prefirieron no revelar sus identidades cuentan que la policía detenía coches y autobuses y se llevaba a gente de la que no volvía a saberse nada. Después de la desaparición de los estudiantes, algunos parientes y activistas recorrieron las montañas cercanas a la ciudad y se encontraron con una fosa común tras otra. En ellas fueron arrojados decenas de cuerpos víctimas del conflicto entre los cárteles. Desde octubre, familiares de alrededor de 380 desaparecidos los han registrado como tales. Fuera del conflicto con Los Rojos al sur, Guerreros Unidos combate contra La Familia en el flanco oeste. El mes pasado miembros de esa organización secuestraron a 18 personas en un autobús que recorría la carretera entre las poblaciones de Cocula y Nuevo Balsas, controlada por La Familia. La presencia federal y los controles militares han aplacado la situación en Cocula. Pero el alcalde del municipio está convencido de que la violencia aumentará de nuevo en cuanto los federales se vayan. Los agujeros de balas en las paredes de su despacho demuestran que él sabe de qué habla. "Desafortunadamente no hay soldados suficientes para todo el país", dijo Miguel Peñaloza Santana. En Iguala, que una vez tuvo una vida nocturna vibrante, las calles se quedan desiertas al caer la noche. Durante el día, una de las concejales se desplaza con dos escoltas armados y los vendedores de droga en moto se mueven de a dos en cada unidad y en grupos de cuatro o cinco motos, dando vueltas al parque central, según la información difundida por AP. Los habitantes de la ciudad están acostumbrados a llamadas y mensajes de texto para avisar que han llegado a su casa sanos y salvos. Algunos creen que el origen del problema radica en que la mafia se metió en la política y que los políticos se metieron en la mafia. Antes "se dejaba pasar (la droga) y ellos dejaban a la población en paz", dijo un funcionario electo de la municipalidad que evitó dar su nombre por miedo a represalias. "El problema es cuando la mafia entra en política y ya no hay orden ni respeto", apuntó. Según Sofía Mendoza Martínez, concejal de Iguala, no había una línea divisoria entre políticos y crimen organizado durante la época de Abarca. Su marido, un activista campesino, murió asesinado en 2013 tras un enfrentamiento con el alcalde, que está detenido y a quien se le acusa de ese asesinato. Cree que para el gobierno es fácil echarle toda la culpa al crimen organizado, pero el crimen organizado recibe órdenes de los políticos.

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