MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la aplicación de medidas cautelares a favor de dos promotores y sus familias, a fin de garantizar su vida, integridad personal y seguridad física. La petición fue dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, a solicitud de la Comisión Mexicana de Protección a los Derechos Humanos (CMPDH) luego del asesinato, el 22 de mayo del año pasado, de Ramón Corrales Vega, expresidente del Comisariado Ejidal del Cajón de Cancio, en el municipio de Choix, y defensor de derechos humanos, cuyo padre y hermano también fueron asesinados. El organismo también solicitó a las autoridades mencionadas, contactar y llevar a cabo las reuniones necesarias para obtener información y conocer a detalle la problemática que enfrentan 450 personas desplazadas en esa región. En su petición, la CMDPDH argumentó: “La situación de violencia e inseguridad, así como la pugna por el control territorial expresada en los enfrentamientos entre los grupos armados que ha afectado al estado de Sinaloa está generando el desplazamiento interno forzado de miles de personas. “Posterior a 2008, los grupos armados organizados empezaron a sembrar el terror en las comunidades serranas mediante una serie de actos delictivos y amenazas de muerte a personas que se negaban a formar parte de sus actividades”, señaló el organismo civil. Además, denunció, las organizaciones criminales reclutaban civiles para que se sumaran a su lucha contra los grupos rivales y obligaban a las personas que permanecían en sus comunidades a realizar trabajos forzados en los sembradíos. Y pese a que aún no existe consenso sobre el número de personas internamente desplazadas en Sinaloa, “estudios reconocen que la mayor parte de los desplazamientos ocurren desde localidades rurales y serranas hacia las cabeceras municipales”, sostuvo la CMDPDH. La CNDH indicó que como la petición tiene como objetivo primordial salvaguardar los derechos fundamentales de todo individuo, solicitó a la Segob y a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa adoptar medidas cautelares. Éstas implican: Garantizar la vida, integridad personal y seguridad física de las dos defensoras civiles de derechos humanos; evitar todo acto intimidatorio tendiente a impedir que ejerzan sus actividades como defensoras de derechos humanos y representantes de comunidades desplazadas. Las acciones que realicen las autoridades para garantizar la seguridad e integridad física de las activistas, subrayó la CNDH, deberán acordarse previamente con los beneficiarios y, en todo momento, deberán respetar sus derechos humanos. Ambas instancias, desde el ámbito de su competencia, también deberán realizar actividades en coordinación para dar cumplimiento y hacer efectivas las medidas cautelares solicitadas.