Avala el INE a Marcelo Ebrard como candidato a diputado suplente

miércoles, 13 de mayo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Aunque sea por la puerta de atrás y en el papel de Juanito, el exjefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, logró colarse como diputado federal suplente por la cuarta circunscripción. Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó la solicitud de Movimiento Ciudadano (MC) para que Ebrard apareciera como candidato suplente de René Cervera, uno de sus incondicionales. El exmandatario capitalino entró en lugar de Gonzalo Fabián Medina Hernández, quien iba junto con Cervera. En una sesión alargada por los representantes del PRI y del PVEM, José Carlos Ramírez Marín y Jorge Herrera, quienes tildaron a Ebrard de “Juanita” –en alusión a las candidatas a diputadas federales que en 2009 renunciaron a su curul para entregársela a otra persona–, los consejeros que rechazaron el dictamen para negarle la suplencia argumentaron que la propuesta violaba la Constitución respecto a los derechos humanos de los ciudadanos a votar y ser votados. Herrera argumentó que aceptar la candidatura de Ebrard Casaubón era un “fraude a la ley”, porque después de la suplencia buscaría ser propietario de la curul y, por ende, diputado titular. Pese a que dudó para intervenir en la discusión que, dijo, no era suya, el representante del PRD, Pablo Gómez, respondió a Herrera:   “Es que me conmovió lo que dijo el representante del Verde sobre el fraude a la ley y las ‘Juanitas’. Las ‘Juanitas’ fueron un invento de ustedes, vergonzoso para la Cámara de Diputados y para el país. Y es vergonzoso para el país todavía”. En el 2009, el PRD también tuvo su “Juanita”. Fue María Guadalupe Silerio Núñez, plurinominal de Durango, quien al final no quería dejar su cargo a Carlos Cruz Martínez, exdiputado federal del PT hasta diciembre de ese año. Danner González, diputado federal y consejero del Movimiento Ciudadano, criticó que quieran convertir a Marcelo Ebrard en alguien inelegible, “quitándole el derecho a ser votado, sancionándolo con una pena en la que supuestamente basan su decisión, en ninguna prohíbe su participación como candidato cuando sólo se le sancionó para no participar en el concurso primigenio. Cuando se planteó la sustitución insistimos que se acataba la sentencia”. El legislador se quejó de que el proyecto del Acuerdo 31, donde se planteó no considerar el registro de Ebrard Casaubón circuló hoy por la mañana. Recordó que éste promovió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y calificó el proyecto como excesivo. “Hoy el consejo general tendrá que evaluar el sentido de su voto porque con ello estará no sólo negando el registro de un candidato, sino mandando un mensaje a la ciudadanía sobre esta institución que goza de credibilidad. En MC dimos cumplimiento a la sanción, se trata de una sustitución por renuncia. No una suplencia. Está apegada a los estatutos de Movimiento Ciudadano y está apegada a la operativa de la dirigencia nacional”, indicó. González resaltó que en el caso del Partido Verde, en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se argumentó que quitarle spots por incumplimiento de medidas cautelares era condenar a muerte al partido. “Lo que se hace ahora es condenar a muerte una candidatura”, señaló. Pidió que “si ya el Tribunal actúo indignamente en este asunto, que no sea el INE el que haga el juego sucio a los partidos que no quieren a Marcelo Ebrard como candidato. Que no sea el consejo general quien emita decisiones que no le corresponden”. Javier Corral, senador del PAN, dijo que la resolución del Trife de revocar la candidatura a Marcelo Ebrard fue “uno de los mensajes más ominosos que el Tribunal a enviado en término de la tutela de los derechos políticos y en la tendencia del Tribunal de la salvaguarda al derecho de participar y votar y ser votado. La decisión es restrictiva. Yo he calificado de absurda la decisión, primero porque no hubo tal simultaneidad por la simple cronología”. El argumento legal para la decisión final la dio el consejero Ciro Murayama, quien citó a la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos y libertades de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin restricción alguna. “No me importa el nombre de la persona, eso es lo de menos. Desde ese punto de vista debemos ser imparciales, pero decidir negar a alguien el derecho a participar y a un partido que lo quiere postular, tendrá que pronunciarse el Tribunal, adoptar una postura garantista, no me importa si se trata de un posible candidato cómodo o incómodo, eso que se decida en la arena de la política. Esto es un derecho fundamental. Este golpe que no sólo le ha dado a Marcelo sino al proceso electoral”, acusó. Para el consejero Benito Nacif, la resolución del Tribunal no despojó al ciudadano Ebrard de sus derechos políticos. Dijo que “lo procedente es autorizar su registro de la forma cómo lo está autorizando el partido político”. El priista José Carlos Ramírez Marín reviró: “El señor Ebrard violó la ley, se pasó de vivo, se pasó de listo, quiso ‘vivear’ al PRD, a MC y ahora quiere introducir una ‘Juanita’. Sabemos qué quiere hacer a ver si lo permitimos. Quiere ser suplente para que lo hagan propietario. Se trata de una viveza que no podemos permitir. La sanción le impide la posibilidad a ser candidato a diputado en cualquier condición porque es lo misma propietario o suplente”. El consejero Sánchez respondió que desde su posición como autoridad electoral “no me alcanza la sentencia del Tribunal para llevar el castigo a Marcelo”. Apela Ebrard a la CIDH Previo a la discusión en el Consejo General del INE y a la aprobación de su candidatura suplente por el MC, el exjefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, dio a conocer la solicitud que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le otorgaran medidas cautelares. En la solicitud dirigida a Emilio Álvarez Icaza-Longoria, secretario ejecutivo de la CIDH, denunció una serie de violaciones a sus garantías individuales y le solicitó pedir al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares urgentes para evitar que se violen sus derechos políticos, a menos de un mes de las elecciones del 7 de junio. Textual, demandó: “Se adopten con carácter de urgente las medidas cautelares necesarias para evitar que cualquier autoridad electoral mexicana disponga, emita, acuerde o resuelva alguna decisión que violente el principio de igualdad y no discriminación en mi contra, que violente mis derechos políticos o que per se violente los principios del debido proceso legal en esta materia, en relación a mi inscripción como diputado suplente en la primera fórmula de la lista de representación proporcional del partido político Movimiento Ciudadano por la Cuarta Circunscripción electoral federal”. En un segundo punto, pidió al organismo internacional que dichas medidas cautelares sean transmitidas “con carácter de urgente al Estado mexicano con el fin de que realice cuanta actividad sea necesaria, de cualquier carácter, con el fin de solicitar a las autoridades electorales la abstención de realización de cualquier acto que redunde en una afectación irreparable a mis derechos políticos”. En el documento de 25 cuartillas, el expriista y experredista hizo un recuento de su carrera política y los cargos que ha ocupado en el país, la Ciudad de México y en organizaciones internacionales desde 1982 a la fecha. Aunque con poca profundidad, mencionó su destitución como secretario de Seguridad Pública por el caso Tláhuac en el 2004, pero omitió la tragedia de la discoteca News Divine en 2008, hecho por el que el mismo Álvarez Icaza generó una de las más polémicas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hacia el gobierno capitalino. Por el contrario, en su exposición Ebrard Casaubón destacó que durante su gestión al frente del GDF implementó el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México con el apoyo de la CDHDF y la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y aseguró: “una parte importante de la población de la Ciudad de México y del país me sigue reconociendo como un político de izquierda progresista y comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos y con el impulso de programas sociales en beneficio de los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad, por lo que me ha pedido continuar en la vida política nacional para seguir trabajando bajo estos principios”. Como antecedentes de la demanda de medidas cautelares a la CIDH, Marcelo Ebrard aseguró que “en los últimos 13 meses, se ha emprendido una campaña mediática y política de persecución” en su contra, por una “supuesta negligencia y actos de corrupción” en la construcción de la Línea 12 del Metro. Sin embargo, aseguró que “ninguna autoridad ha podido acreditar o demostrar alguna actuación ilegal de mi parte, pese a que ya han transcurrido casi tres años de que fue puesta en operación”. También dijo que se le ha vinculado a una supuesta filtración de información por el caso de la llamada “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto. Enseguida, acusó: “desde diversas instancias políticas y públicas se ha orquestado una campaña para impedir que continúe con mi carrera política y para evitar que me convierta en diputado federal en las próximas elecciones del mes de junio, ya que vislumbran que desde esa posición seguiré pronunciándome y pugnando por la defensa de los principios de la izquierda progresista mexicana”. En 22 puntos, el exaspirante presidencial ofreció una cronología de los pasos que siguió para conseguir la candidatura a una diputación federal, primero por el PRD y luego por el Movimiento Ciudadano. Contó que hasta el 22 de febrero contendió por la postulación con el PRD, pero no fue seleccionado. Cinco días después, el 27, presentó su renuncia con carácter irrevocable al partido en el que militó durante 10 años. Ese mismo día, aunque horas más tarde, el MC lo invitó para participar como candidato ciudadano externo al mismo cargo público y realizó su inscripción el 28 de febrero ante el INE bajo el acuerdo INE/CG162/2015. Sin embargo, añadió, algunos partidos políticos impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el alegato de que participó en dos procesos de selección de candidatos al mismo tiempo: con el PRD y el MC. “A pesar de que como he resumido, nunca participé de manera simultánea en los procesos de selección de dos partidos políticos distintos”, dijo, el 29 de abril --con cuatro votos a favor y uno en contra--, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le retiró la candidatura. Ebrard Casaubón mencionó que con esta resolución “se afectó la posibilidad reconocida por el INE de ejercer mis derechos políticos plenamente y de ser candidato en el proceso electoral en curso”. Destacó que dicha resolución “no puede ser recurrida ante ninguna otra instancia ni mediante ningún otro procedimiento, con lo que se vulnera la posibilidad y el derecho de acceder a un recurso judicial adecuado y efectivo consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Durante el escrito, el quejoso explicó la entrada de René Cervera como propietario de la candidatura el 4 de mayo, así como la renuncia irrevocable de Gonzalo Fabián Medina Hernández como suplente a dicha candidatura el 5 de mayo. Al día siguiente, el 6 de mayo, la Comisión Operativa Nacional puso a Ebrard como suplente de la candidatura de Cervera. Luego de ello, Ebrard Casaubón aseguró que existen elementos suficientes para presuponer que “con un alto grado de probabilidad” el INE o el TEPJF “pudieran de nueva cuenta violentar mis derechos e impedir mi registro como candidato a diputado suplente en la fórmula ya señalada”. En su alegato, Marcelo Ebrard argumentó que se pueden violar sus derechos consagrados en los artículos 1.1, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ofrece ejemplos de la aplicación de ésta en casos como el de Yatama contra Nicaragua, así como los pronunciamientos de la CIDH en casos similares. Más adelante, destacó que mediante la solicitud a la CIDH pretende invocar “la obligación de la autoridad electoral de brindarme un tratamiento igualitario bajo una interpretación que asegure el pleno ejercicio de mis derechos, garantizando en el mismo sentido que no exista ningún criterio que resulte discriminatorio o desigual que afecte mi pretensión de seguir participando en el actual proceso electoral mexicano en mi calidad de candidato suplente en la primera fórmula de la cuarta circunscripción electoral por el principio de representación proporcional”. Hacia el final del alegato, Ebrard Casaubón fundamentó su solicitud de medidas cautelares en la “urgencia” ante la proximidad de las elecciones el 7 de junio próximo. “Cualquier decisión que vulnere o trasgreda mis derechos políticos repercutirá directamente en mi esfera jurídica, dejando un periodo prácticamente imposible para poder atacar o revertir dicha posible decisión”. Aseguró que también afectaría al Movimiento Ciudadano en la obtención de sus votos. En cuanto a la “gravedad” de una posible negativa de las autoridades electorales, afirmó que trascendería “el ejercicio de los derechos políticos de miles de ciudadanos que simpatizan con mi proyecto político, con mis principios y con mis acciones, dado que no podrían ejercer su voto en favor del partido político que me inscribió…”. Incluso, añadió que una negativa de este tipo afectaría a “miles de ciudadanos” que no tendrían una opción más para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados para los próximos tres años. Por último, Ebrard Casaubón alertó sobre una posible “desviación de poder” de alguna de las autoridades electorales mexicanas y la posibilidad de causar un “daño irreparable” en su perjuicio por negarle la oportunidad de exponer sus ideas y propuestas y ejercer una labor legislativa durante los próximos tres años. “Además de que impedirían a cientos de ciudadanos  de votar por la opción política que represento”, concluyó.

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