MÉXICO, D.F. (apro).- La cúpula empresarial denunció que las campañas de la mayoría de los candidatos carecen de “competencia de altura” y el diálogo suficiente con la ciudadanía. En otras palabras, el proselitismo de los aspirantes a cargos públicos no pasa de las promesas estériles, de la superficialidad y de las acusaciones políticas. Así lo dejó ver el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en su mensaje semanal: “Se ha constatado en los debates que se realizaron a fines de la semana pasada, en los que primaron las acusaciones, los denuestos y las promesas sin fundamentos. Sobre todo, esto es lo que ha faltado: compromisos que den credibilidad a la retórica”. Los empresarios organizados lamentaron que “todos hablan de honestidad sin tacha, de combatir a fondo la corrupción y la impunidad. Asimismo, de su convicción respecto de que la transparencia pública es esencial para un régimen democrático y para remediar la confianza quebrantada entre sociedad, clase política e instituciones de gobierno. No obstante, muy pocos se deciden a refrendar sus dichos con hechos”. Como ejemplo, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani precisó que a estas alturas de las campañas sólo 10 de 66 candidatos a gubernaturas han publicado sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos. Algunos, acotó, han presentado informes de bienes pero sin datos oficiales, y otros han prometido hacerlo aunque sin precisar cuándo. No sólo eso, el CCE enfatizó que los partidos políticos tampoco han hecho lo suficiente para refrendar con hechos lo que afirman en su propaganda: no presentan denuncias formales, con pruebas, de las acusaciones que hacen, ni instan o presionan a sus candidatos para que abonen a la construcción de confianza mediante instrumentos tan sencillos, pero contundentes, como el programa de declaraciones públicas “tres de tres”, impulsado por organizaciones civiles. La clase empresarial aclaró que las declaraciones públicas son voluntarias al no ser un requisito de ley. Sin embargo, en el formato de declaraciones públicas se ha cuidado el incluir “candados” básicos de seguridad, y sobre todo es un mínimo que puede hacer quien aspira a gobernar y tiene conciencia del complejo contexto político y social del país y a nivel local. Es decir, precisó, un entorno en el que, por ejemplo, se dan a conocer videos que muestran nexos y negociaciones de asuntos de gobierno con narcotraficantes. En estados y municipios, “corrupción, opacidad e impunidad” La CCE denunció que el problema de “la corrupción, la opacidad y la impunidad” en México es “especialmente grave a nivel municipal y estatal, y muy poco se está haciendo para revertirlo como se comienza a hacer a nivel nacional”. En la escala local, acusó, los instrumentos de fiscalización son débiles, en un contexto de insuficientes contrapesos y desbalance en la división de poderes, ante un control político abrumador de gobernadores, presidentes municipales y grupos políticos. “Un escenario donde se han presentado acusaciones de soborno a diputados locales, lo mismo por parte de la delincuencia que de elementos de gobiernos estatales o presidentes municipales”, ejemplificó. De esa forma, fustigó, se multiplican los actos de corrupción en el otorgamiento de permisos y concesiones, que es un problema endémico en los municipios, en muchos de los cuales se generan “nuevos millonarios” cada tres años. A nivel estatal, denunció, son bien conocidos varios casos recientes de presunto enriquecimiento inexplicable y desvíos de recursos. En cifras, de las irregularidades que detecta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cerca de 70% de los montos corresponde al uso de recursos federales en los estados. Frente a estos antecedentes, señaló, “resalta la necesidad de exigir posturas claras y compromisos; más aún ante el panorama que se presenta, en que las elecciones y la proyección de bajos ingresos podrían elevar la deuda de entidades federativas y municipios hasta 15% al cierre del año. Esto no puede permitirse cuando el crecimiento esperado del PIB nacional ronda 3%”. Por ello, el CCE exigió cinco compromisos a los que deberían sujetarse los candidatos a puestos públicos: El primero es por la transparencia y contra la corrupción; el segundo, es referente a la calidad educativa; el tercero, es luchar contra la impunidad; el cuarto es impulsar una “limpia” en las policías locales, mientras que el quinto se refiere al desarrollo económico.