OAXACA, Oax. (apro).- Con 283 casillas quemadas, 26 robadas, 56 sin instalarse, 75 inutilizadas, 92 detenidos, un muerto en San Miguel Chimalapa que obligó a cancelar la elección y bloqueos carreteros culminó la jornada electoral de este domingo. Ni la presencia de militares ni de la Marina Armada de México ni de la Policía Federal inhibieron las acciones de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), que accionaron en los 11 distritos electorales, aunque no ponen en riesgo la elección. Con los 440 incidentes electorales confirmados, alrededor de 300 mil votos podrían ser anulados. Según el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de las 440 incidentes –robo, quema, votación suspendida, casillas no instaladas–, 138 corresponden a Juchitán; 79 a Pinotepa Nacional, 56 a Teotitlán de Flores Magón, 49 a Tehuantepec, 36 a Miahuatlán, 28 a Huajuapan de León, 25 a Tlaxiaco, 24 a Tuxtepec, 22 a Oaxaca capital, 7 a Tlacolula y 3 a Santa Lucía. El gobierno del estado reconoció que el número de incidentes que ameritaron la suspensión definitiva de la votación en igual número de casillas por violencia, sustracción o destrucción de la documentación o materiales electorales, representa el 8.3 por ciento del total de las casillas instaladas. También destacó que, según reportes preliminares del Grupo de Coordinación que encabeza la Policía Federal, se capturaron a 92 personas vinculadas al movimiento magisterial, de las cuales 74 fueron aseguradas en el municipio de San Jacinto Amilpas, aunque 49 fueron liberadas por falta de elementos para fincar responsabilidades. Asimismo, fueron aseguradas 11 en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y 7 más en el Puerto de Salina Cruz, quienes fueron presentados ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades. El gobernador Gabino Cué resaltó que a pesar de la intensa complejidad socio-política, se instaló un total de 4 mil 136 casillas en los 11 distritos electorales federales de la entidad. Hizo hincapié que con el trabajo conjunto del Gobierno de la República y la Administración Estatal permitió liberar, asegurar y fortalecer la protección de instalaciones estratégicas que permanecieron bloqueadas por el movimiento magisterial y grupos inconformes, lográndose la normalización de las actividades de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, del Puerto de Salina Cruz y la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de PEMEX en el municipio de Santa María del Tule. Además de asegurar el funcionamiento del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Oaxaca, así como de la red estatal de caminos y carreteras, desde el mismo sábado 6 de junio. En una actitud triunfalista, el gobernador manifestó: “La sociedad oaxaqueña dio de nueva cuenta a la Nación una muestra de madurez y responsabilidad cívica durante esta jornada electoral, con lo cual, en Oaxaca triunfó una vez más la democracia”. Sin embargo, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, acusó a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), de operar a favor del PRI debido a que el mayor número de incidentes electorales se registraron donde sus candidatos podrían haber alcanzado la victoria. Lugo de repudiar la violencia y condenar la destrucción de material electoral en los distritos de Tuxtepec, Teotitlán, Juchitán y Tehuantepec, cuestionó al magisterio porque “no hay congruencia democrática si un grupo social, por más amplio que sea o por legítima que pudiera ser su causa, decide que puede anular el derecho de un sector de los ciudadanos oaxaqueños”. El expriista dijo que “no es ninguna victoria democrática dejar a algunas personas sin ejercer un derecho, ni tiene nada de positivo alejar a los ciudadanos de la toma de decisiones”. Y agregó que “el PRD observa con preocupación la debilidad de la acción de las fuerzas federales, que fueron desplegadas precisamente para resguardar el ejercicio del voto ciudadano. Demandamos con urgencia que protejan de manera efectiva el momento del cómputo en las casillas para evitar cualquier acto de violencia”. Por su parte, la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón denunció la incursión de un grupo armado que los atacó a balazos y dejó seis heridos, de los cuales, tres son de gravedad. Alrededor de las 10:00 horas, refieren en un comunicado, “nuestra comunidad zapoteca (Binnizá) de Gui´xhi´Ro´ fue atacada por un grupo encabezado por Jorge Alonso, quien a su vez recibe órdenes directas de su presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vásquez. “Nos atacaron a balazos a los que nos encontrábamos reunidos en el parque de la comunidad, como pudimos nos defendimos de la agresión del grupo armado. Hasta el momento se reportan seis heridos, tres de gravedad, por parte de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón quiénes continuamos en Asamblea permanente como parte de la jornada de boicot electoral y la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero”, Mientras que en San Miguel Chimalapa fue suspendida la elección luego que el hermano del ex presidente del consejo municipal de San Miguel Chimalapa, Medel Jiménez Cruz, quien gobernó el municipio periodo 2011-2013, fue asesinado. El subprocurador de Justicia en el Istmo, Luis Castillejos, confirmó que el atentado en el que fue asesinado José Alfredo Jiménez Cruz, ocurrió alrededor de las 12:30 horas cuando el hermano del ex alcalde bajaba del palacio municipal. A su vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que emitiera medidas de protección para garantizar la seguridad e integridad de la población oaxaqueña. El organismo defensor estatal inició el expediente DDHPO/CA/0688/(01)OAX/2015, en el cual hace del conocimiento de la CNDH que el viernes 5 de junio último arribó a la capital de Oaxaca un contingente de elementos de la Gendarmería Nacional. La Defensoría también informó a la CNDH que ese mismo 5 de junio, en Salina Cruz y Huatulco atracaron varios buques de la Marina Armada de México con equipo táctico antimotines para garantizar la realización de las elecciones. Además, durante la madrugada del 6 de junio, los cuerpos de seguridad federal realizaron algunas acciones para desalojar los sitios tomados por profesores en las ciudades de Huajuapan de León, Tlaxiaco, Pinotepa Nacional, Tuxtepec y Salina Cruz. Las medidas de protección fueron dirigidas al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a quien se le solicitó girar instrucciones para realizar las medidas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de la población. Finalmente, alrededor de 50 organizaciones civiles de Oaxaca cuestionaron la “militarización” de la Jornada Electoral en la entidad, argumentando que El ciclo de movilizaciones que vive México es el resultado de una profunda crisis institucional y política, derivada de la serie de reformas realizadas sin el consenso de la población. Consideran que el fuerte dispositivo policíaco-militar montado en Oaxaca desde la tarde del 5 de junio, con la llegada de miles de efectivos de la policía federal, gendarmería, Ejército y Marina, para “blindar” las elecciones federales intermedias del 7 de junio y recuperar las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) tomadas por el magisterio, no contribuye en nada a generar el clima de confianza y libertad necesarias para dicho ejercicio democrático y es que el manejo militar de una problemática social evidencia una grave regresión autoritaria. La presencia policiaco militar generó enfrentamientos en Huajuapan, Miahuatlán, Tuxtepec y Pinotepa Nacional; en Salina Cruz, Tlaxiaco y Cuicatlán maestros y población civil repudiaron la presencia de los efectivos policíacos y militares. Con ello, dijeron, “aumenta el riesgo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y criminalización de la protesta social.