CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al cumplirse una semana del asesinato de Bertha Cáceres, familiares de Gustavo Castro Soto y de la ambientalista indígena denunciaron las graves irregularidades que se están cometiendo en el proceso de retención del activista mexicano por parte de las autoridades de Honduras. En un comunicado, acusaron que Castro Soto, quien fue testigo del crimen, ha sido sometido a “largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias y falta de asistencia médica y sicológica como víctima de un delito grave. También se le retuvieron sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso, Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos”. Los familiares de Cáceres y de Castro, así como del Copinh, organización que encabezaba la ambientalista hondureña, sostuvieron que la jueza Victorina Flores, del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, resolvió ayer “negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de que Castro Soto salga del país por 30 días”. La impartidora de justicia, acotaron, argumenta que el mexicano “incumplió un citatorio”, mismo que él “nunca tuvo por recibido cuando se suscitó el incidente del aeropuerto” para negarle su salida del país centroamericano, ya “las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega de citación alguna”. También resaltaron que la juzgadora hondureña “aduce que Castro incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura” en contra del activista mexicano. Además, sentenciaron, a “las irregularidades cometidas se suman las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato de Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro”, crimen ocurrido hace una semana, el jueves en La Esperanza, Intibucá, en esa nación centroamericana. Incluso expresaron su temor de que “con estos indicios la jueza esté predispuesta para fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro”. También consideraron que “las actuaciones de la fiscalía y del juzgado han dejado en un estado de indefensión total a las víctimas y testigos, limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso”. Los familiares de Castro Soto y Cáceres emplazaron a la embajada de México en Honduras a “redoblar los esfuerzos para restituir los derechos de Gustavo Castro y proteger su integridad física y sicológica, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización”.