CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de la República (PGR) respondió a los señalamientos que este domingo realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último reporte sobre el caso Ayotzinapa. El subprocurador de Derechos Humanos de la dependencia, Eber Betanzos, informó que la dependencia tiene abiertas seis averiguaciones previas relacionadas con 32 presuntas víctimas de tortura en el caso. El funcionario reiteró que el caso de los 43 normalistas desaparecidos no se ha cerrado. Destacó que la PGR ha manifestado como uno de sus cuatro ejes rectores el respeto a los derechos humanos, de ahí que condene, investigue y sancione cualquier práctica de tortura o malos tratos. Betanzos explicó que los señalamientos sobre supuestos actos de tortura referidos a esta indagatoria, son investigados por la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual ha iniciado seis averiguaciones previas, relacionadas con 31 presuntas víctimas, quienes hacen señalamientos en contra de servidores públicos de distintas instituciones. Precisó que toda indagatoria ministerial vinculada con probables casos de tortura requiere la aplicación del estándar internacional de derechos humanos para su investigación en esta materia, conocida como Protocolo de Estambul, el cual consiste en la práctica de exámenes médicos de integridad física, psicológicos y de fe de integridad psicofísica, mismos que deben obrar en las actuaciones de donde deriva la calidad de la probable víctima. Precisó que en los casos en donde se señala a servidores públicos de la institución, es la Visitaduría General la encargada de llevar a cabo la investigación. Esta área actualmente integra siete actas circunstanciadas y 3 averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la PGR. Betanzos indicó que la PGR ha tenido como prioridad el esclarecimiento de los hechos del Caso Iguala. “Los familiares de los estudiantes y el Gobierno de la República estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo: saber qué pasó con los jóvenes normalistas y castigar a cada uno de los responsables”, afirmó. Señaló que la Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. En un acto de apertura al escrutinio internacional, y en respuesta a las medidas cautelares del caso Iguala, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano solicitó un mecanismo de asistencia, a través de un grupo de expertos que coadyuvara técnicamente en las investigaciones. Al concluir esa coadyuvancia el próximo 30 de abril de acuerdo a la extensión del periodo solicitado por el GIEI, la PGR expresa su reconocimiento a los expertos, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al expediente, en los términos y alcances que establece la ley y el Acuerdo de Asistencia Técnica. En este contexto, continuó, el día de hoy el GIEI hizo entrega de su informe de nuevos avances en el caso Iguala. “Agradecemos las aportaciones y las recomendaciones, las cuales, de acuerdo con las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, serán analizadas con apertura, responsabilidad y apego a derecho, para enriquecer la investigación sobre estos trágicos hechos”, dijo el funcionario. La PGR expresó su reconocimiento a los expertos integrantes del GIEI: Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia, quienes han colaborado con la dependencia durante sus dos mandatos. Betanzos aseguró que el trabajo de la PGR con el Grupo de Expertos ha sido constante. Destacó que en todo momento la PGR ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor. Afirmó que el Estado mexicano ha brindado al GIEI en todo momento las facilidades que requirieron para su trabajo. En ese sentido, en cuanto a solicitudes y requerimientos, la PGR recibió y atendió 941 peticiones, de las cuales al día de hoy el 85 por ciento ha sido cumplido en su totalidad y el resto se encuentra en vías de cumplimiento. Cabe señalar que en el primer mandato se recibieron 177 peticiones; 30 más, en el periodo intermedio y 734 en el segundo mandato. De estas últimas, más de 200 se recibieron entre febrero y marzo de este año. El subprocurador de derechos humanos reiteró que la investigación para el esclarecimiento del caso Iguala se encuentra abierta, por lo que de manera permanente se siguen realizando acciones de búsqueda. Como resultado de la investigación en curso, detalló que se ha consignado a 168 personas, de las cuales ya están detenidas 123 dentro de ellos 54 policías municipales de Iguala, 19 policías municipales de Cocula, 50 integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, entre los que se encuentran integrantes de células que operaban en Huitzuco. Es importante reiterar que las consignaciones realizadas por la PGR están basadas en pruebas periciales, evidencia científica y no solamente en declaraciones. Agregó que permitir las entrevistas (a militares del 27 Batallón de Iguala) en los términos que pretendía el GIEI, vulneraba el debido proceso. Dijo que el cuestionario con las preguntas que el GIEI deseaba formular directamente y que hoy fue difundido durante su informe, será valorado internamente por el Ministerio Público en los términos que legamente correspondan. “Es importante destacar que en diversas ocasiones se solicitó al GIEI la entrega del cuestionario que hoy finalmente es público, para que la autoridad ministerial lo aplicara en los términos legales conducentes”, expuso Betanzos.