CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil advirtieron serias deficiencias en la iniciativa de ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 10 de diciembre. En una carta abierta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, las organizaciones firmantes resaltan que dicha iniciativa contiene “preceptos que pueden propiciar la violación de la prohibición imperativa de la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes, la impunidad y el olvido de las víctimas”. Por ello, exhortaron al panista a evitar que se diluyan en la ley los principios y estándares previstos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, “haciendo valer su rol de garante de la observancia y respeto de la legalidad y el derecho internacional de los derechos humanos”. Recordaron que desde octubre de 2015 entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) un documento con los lineamientos que debería contener la ley general, pero fueron omitidos en la iniciativa presidencial. De acuerdo con los defensores, es preocupante que para la Presidencia de la República, la tortura y los tratos crueles sean dos tipos penales diferentes con consecuencias distintas. Eso “generaría la desprotección de las víctimas de malos tratos y, con no menor preocupación, abriría la puerta a la perpetuación en el país de prácticas que en la actualidad vulneran la dignidad e integridad física y moral de sus ciudadanos”. Alertaron sobre los riesgos que implican los artículos 47 y 48 de la iniciativa presidencial, ya que deja abierta la puerta a la comisión de esas violaciones a derechos humanos al validar “la información (que) hubiese podido obtenerse con independencia de dichos actos”. Además, apuntaron, no se “fija ningún procedimiento para la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, de conformidad con los estándares internacionales en la materia; solamente se establece que las partes pueden impugnar pruebas ilícitas y el juez resolverá”. De igual manera, criticaron que la iniciativa enviada por Peña Nieto se centre “de forma exclusiva en desarrollar los parámetros de la ‘valoración médico-psicológica’ sin incorporar otras diligencias y pruebas (criminológicas, de contexto, etc.) necesarias para la investigación y documentación eficaces de la tortura y los tratos crueles”. En cuanto al capítulo “De los derechos de las víctimas”, advirtieron que no incluye “ningún principio rector que siente las bases del marco legal de aplicación para garantizar el derecho de las víctimas de tortura y tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a la reparación integral, más allá de la remisión a la Ley General de Víctimas”, misma que “no reconoce la particularidad ni programas ni servicios específicos para la reparación de las víctimas en materia de rehabilitación”. Para los firmantes, tanto la tortura como los tratos crueles deberían compartir un mismo tipo penal y “las mismas consecuencias procesales, la obligación de investigar, la exclusión de las pruebas ilícitas, la protección y reparación integral de las víctimas, entre otras”, en apego a estándares internacionales y recomendaciones a México del Comité contra la Tortura de la ONU. Las organizaciones recomendaron que la ley general establezca la “exclusión ineludible y de oficio –por la misma autoridad judicial– de la prueba cuando existan razones para creer que ha podido ser obtenida bajo tortura o malos tratos”, además de que debe establecerse que recae en el Ministerio Público la carga de dicha prueba. Propusieron que para “eliminar toda ambigüedad” en las evaluaciones médico-psicológicas, todo examen debería “regirse por las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul”, reconocido internacionalmente. Señalaron la necesidad de crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), a fin de “garantizar el monitoreo efectivo de las condiciones de detención”. Y sostuvieron que como medida de prevención es indispensable establecer “la investigación y sanción de todo superior jerárquico que no haya ejercido un control apropiado sobre sus subordinados, cuando aquél supiera o poseyese información” de que éstos estaban cometiendo o iban a cometer actos de tortura o tratos crueles. Las organizaciones consideraron que la ley general debe contemplar la “facultad de atracción del caso por parte del Ministerio Público de la Federación cuando existan indicios para creer que la Unidad Especialidad de la Entidad Federativa que conoce del asunto no ha conducido o no está conduciendo la investigación o investigaciones de forma pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”. E hicieron algunos planteamientos adicionales en torno a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se discute en el Senado, para que “se dote de facultades adecuadas a las y los jueces de ejecución” con el fin de que tengan jurisdicción sobre las autoridades encargadas de la aplicación de la prisión preventiva y la pena en prisión, así como para garantizar condiciones dignas de internamiento. El documento fue firmado por Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura, Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, Fundación para el Debido Proceso Legal, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Organización Mundial contra la Tortura, Redress y la Fundación Robert F. Kennedy.