Apoya SRE a madre de menor asesinado por agente de la patrulla fronteriza en 2012

jueves, 12 de mayo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un escrito de ‘Amicus Curiae’ ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, California, para apoyar el derecho de la madre del menor José Antonio Elena Rodríguez –muerto en 2012 por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza– a demandar ante tribunales de Estados Unidos una indemnización. Actualmente Lonnie Ray Swartz, el agente responsable de haber disparado por la espalda al menor, es procesado por cargos de homicidio en segundo grado. En un comunicado, la Cancillería informó que en el escrito de Amigo de la Corte que presentó en California reiteró que, derivado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, Estados Unidos ha reconocido que ninguna persona puede ser privada de la vida arbitrariamente, y que en caso de violación a los derechos de una persona, ésta podrá interponer un “recurso efectivo” ante los tribunales. Destacó que conforme a la interpretación de órganos internacionales especializados de derechos humanos, en casos como el de Elena Rodríguez, estas obligaciones subsisten aun cuando las víctimas se encuentren fuera del territorio del Estado que ejercía control efectivo sobre éstas. En ocasiones anteriores, apuntó, el gobierno de México ha expresado a Estados Unidos su profunda preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus agentes de control migratorio y ha trabajado en foros bilaterales para prevenir incidentes de violencia en la frontera. En ese sentido, “México espera que la Corte de Apelaciones siente un precedente en favor de los familiares de las víctimas de estos incidentes y evite que éstos se repitan en el futuro”. De acuerdo con el texto de la SRE, el gobierno de México, a través de su Embajada en Estados Unidos y el Consulado General de México en Nogales, Arizona,  continuará prestando asistencia a la familia del connacional para lograr que en estricto apego al marco jurídico estadunidense y al derecho internacional, se haga efectivo su derecho a una compensación por el daño, resultado del uso indebido de la fuerza en contra del menor José Antonio Elena Rodríguez. El pasado viernes 6, la organización Human Rights Watch (HRW) también presentó ante un tribunal federal de apelaciones un memorial de amicus en la causa Rodríguez v. Swartz, en apoyo a la demanda interpuesta por la madre del joven de 16 años, en el que participó como asesor el estudio de abogados Constantine Cannon LLP. “De los hechos expuestos en la demanda se desprende que esta muerte representa inequívocamente una violación a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por agentes del orden”, destacó Sarah Poppy Alexander, abogada asociada de Constantine Cannon. “Un menor que estaba parado en la vía pública y no tenía un arma no puede haber supuesto una amenaza inmediata para el agente Swartz, que se encontraba detrás de un vallado fronterizo, a 40 o 50 pies por encima del nivel de la calle”, añadió. En octubre de 2012, el agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense provocó la muerte del adolescente tras dispararle cerca de 10 veces por la espalda, mientras éste se encontraba cerca del vallado fronterizo en Nogales, México. De acuerdo con HRW, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a Estados Unidos a prevenir, investigar y asegurar la rendición de cuentas por los abusos violentos que puedan cometer en el contexto de la frontera los agentes de la Patrulla Fronteriza de ese país. En julio de 2015 un tribunal de primera instancia decidió dar curso a la causa por violaciones constitucionales contra Swartz. La decisión fue apelada por el agente, quien sostuvo que Elena Rodríguez no podría invocar las garantías de la Constitución de Estados Unidos porque era un ciudadano mexicano que se encontraba en México en el momento en que recibió los disparos. “Las fronteras no son zonas de excepción ni están exentas de la obligación de respeto de los derechos humanos”, apuntó Clara Long, investigadora del programa sobre Estados Unidos de HRW. “El derecho estadunidense no debería permitir que queden impunes abusos violentos en sus fronteras”, resaltó.

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