WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el pasado miércoles 11 solicitó medidas cautelares a favor de los 595 miembros de la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuatla, Estado de México, cuyo territorio se ve amenazado por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Precisó que al atravesar esas tierras, la vía afectaría las actividades económicas del pueblo indígena, como la caza, pesca y recolección. “La solicitud argumenta que la construcción de dicha autopista habría sido aprobada sin realizar la consulta previa con los miembros de la comunidad, y que en octubre de 2012 el gobierno del Estado de México habría emitido un decreto de expropiación y un título de concesión sin que la comunidad indígena tuviera conocimiento”, destacó la CIDH en un comunicado de prensa. El órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) recordó que en mayo de 2013 los afectados obtuvieron una sentencia de amparo en la que se ordenaba suspender la obra, pero el gobierno del Estado de México hizo caso omiso, y es por ello que solicitó las medidas cautelares. “La solicitud indica que en agosto de 2013 un grupo de policías antidisturbios fuertemente armados habrían ingresado con violencia en el territorio de la comunidad para establecer un perímetro de seguridad”, sostuvo la CIDH. Y resaltó que en ese y otros incidentes, miembros de la comunidad fueron detenidos por protestar contra la construcción de la autopista, acusados del delito de oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos. “Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentado por las partes, la Comisión considera que la información entregada demuestra, en principio, que los miembros identificados de dicha comunidad se encuentran en una situación de riesgo inminente de daño irreparable”, enfatizó la CIDH. La exigencia de protección, agregó, se sustenta en el Articulo 25 del Reglamento de la CIDH, que en este caso pide al gobierno del Estado de México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros identificados de San Francisco Xochicuatla. Asimismo, que concierte las medidas con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares, con el objetivo de prevenir su repetición.