CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a la campaña de desprestigio emprendida contra la representante de Freedom House, Mariclaire Acosta, funcionarios de Naciones Unidas exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto garantías de seguridad para la defensora, quien forma parte de un órgano consultivo de derechos humanos nombrado por el secretario general Ban Ki-Moon. En un comunicado fechado en Ginebra, Lin Lim, presidenta de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos, a la que pertenece Acosta Urquidi, manifestó su alarma por la “serie de ataques verbales y amenazas” contra quien fuera subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los primeros tres años de gobierno de Vicente Fox. Lim resaltó que los ataques contra Acosta Urquidi se registran en medio de “una campaña más amplia contra los defensores de derechos humanos en México desde la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014”. En marzo pasado el nombre de Mariclaire Acosta fue mencionado por la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, como integrante de la red de defensores entre los que se encontraban el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza; el relator contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, y el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, quienes –según Miranda– “facilitan resoluciones por violaciones a derechos humanos y tortura, a fin de liberar a presuntos secuestradores y delincuentes y luego tramitar indemnizaciones”. Lim recordó que Acosta pertenece a la Junta de Síndicos desde 2013 y además forma parte del Fondo Voluntario para la Asistencia Financiera y Técnica para el Examen Periódico Universal, integrado por expertos mundiales que “ha sido altamente reconocido por la comunidad internacional”. Para la presidenta de la Junta de Síndicos resulta preocupante que si Acosta Urquidi, “una prominente defensora con reputación (…) puede ser sometida a este tipo de ataques y amenazas indignantes, entonces los defensores de derechos humanos con un perfil menos visible deben vivir en constante temor por sus vidas”. En nombre de los cinco integrantes de la Junta de Síndicos, Lin Lim exigió al gobierno de Peña Nieto “garantizar la protección y el apoyo de la señora Acosta y para todos los defensores de los derechos humanos, y darles el espacio y las condiciones de trabajar en seguridad, de conformidad con las obligaciones del Estado”. Insistió en que el gobierno debe asegurarse de “que los defensores y defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a amenazas de violencia física, a ataques a su integridad y otros intentos intimidatorios tengan una protección adecuada”. Tras señalar que entre los defensores que deben ser atendidos se debe considerar a “estudiantes, agricultores, pueblos indígenas y defensores de los trabajadores”, en nombre de la Junta de Síndicos Lim hizo votos para “que el gobierno de México ejerza su gran voluntad soberana para salvaguardar la reputación de este gran país y la integridad de su vibrante sociedad civil”. Aunque los expertos de la ONU reconocieron los esfuerzos del gobierno mexicano en la materia, puntualizaron que “debe asumir seriamente la responsabilidad de resolver los desafíos de derechos humanos y relativos al estado de derecho en el país, y de manera urgente tomar medidas para mejorar la situación”.