CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Human Rights Watch (HRW) exigió no dejar impune el caso de José Antonio Elena Rodríguez, el adolescente que perdió la vida después de que Lonnie Ray Swartz, agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, le disparó por la espalda desde el otro lado de la frontera, en 2012. En un memorial presentado el pasado viernes 6 ante un tribunal federal de apelaciones, en el que participó como asesor el estudio de abogados Constantine Cannon LLP, HRW sostiene que conforme a los estándares internacionales, los agentes de aplicación de la ley solamente deben utilizar la fuerza cuando resulte necesario y proporcionado. “De los hechos expuestos en la demanda se desprende que esta muerte representa inequívocamente una violación a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por agentes del orden”, destacó Sarah Poppy Alexander, abogada asociada de Constantine Cannon. “Un menor que estaba parado en la vía pública y no tenía un arma no puede haber supuesto una amenaza inmediata para el agente Swartz, que se encontraba detrás de un vallado fronterizo, a 40 o 50 pies por encima del nivel de la calle”, añadió. Human Rights Watch presentó el memorial de amicus en la causa Rodríguez v. Swartz, en apoyo a la demanda interpuesta por la madre del joven de 16 años. En octubre de 2012, el agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense provocó la muerte del adolescente tras dispararle cerca de 10 veces por la espalda, mientras éste se encontraba cerca del vallado fronterizo en Nogales, México. De acuerdo con HRW, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a Estados Unidos a prevenir, investigar y asegurar la rendición de cuentas por los abusos violentos que puedan cometer en el contexto de la frontera los agentes de la Patrulla Fronteriza de ese país. En julio de 2015 un tribunal de primera instancia decidió dar curso a la causa por violaciones constitucionales contra Swartz. La decisión fue apelada por el agente, quien sostuvo que Elena Rodríguez no podría invocar las garantías de la Constitución de Estados Unidos porque era un ciudadano mexicano que se encontraba en México en el momento en que recibió los disparos. “Las fronteras no son zonas de excepción ni están exentas de la obligación de respeto de los derechos humanos”, apuntó Clara Long, investigadora del programa sobre Estados Unidos de HRW. “El derecho estadunidense no debería permitir que queden impunes abusos violentos en sus fronteras”, subrayó. En un comunicado, HRW destacó que las agencias fronterizas de Estados Unidos han ignorado incidentes violentos que probablemente implicaron el uso ilegítimo de la fuerza por parte de sus agentes. Y un panel de expertos del gobierno estadunidense determinó en días recientes que el sistema disciplinario del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection) resulta inadecuado y demora demasiado tiempo para funcionar como disuasivo eficaz de faltas a la conducta. “En el pasado, la Patrulla Fronteriza estadunidense no ha asegurado que agentes responsables de actos de violencia en la frontera rindieran cuentas por su actuación”, expresó Long. “Es por ello que este caso es tan importante, dado que podría ser la única oportunidad genuina de resarcimiento para la familia de Elena Rodríguez”, concluyó.