CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus representantes denunciaron trabas y regateos para establecer el mecanismo de seguimiento con el fin de esclarecer el destino de los normalistas –desaparecidos en septiembre de 2014– por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. A ocho días de que ambas partes acudan a una reunión de trabajo en Washington, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo avances que se tienen para llegar a un acuerdo consensado “han sido mínimos, sin abordar los puntos sustanciales”, denunció el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” Acompañado de César González, uno de los padres de los jóvenes desaparecidos; Felipe de la Cruz, representante de los familiares, y Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, el litigante difundió el contenido de las conversaciones sostenidas este lunes con los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, respectivamente, así como del subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos. Luego de que los funcionarios federales salieran a hablar de “avances” sin dar detalles de ellos, presuntamente para no entorpecer las negociaciones, los representantes de los familiares de los jóvenes desaparecidos lamentaron la falta de disposición para atender los requisitos “mínimos establecidos por la CIDH”, así como la falta de capacidad de negociación. Rosales Sierra reconoció que este lunes se avanzó en el punto relacionado con “acceso a todas las fuentes de información”, por parte de un operativo técnico del mecanismo de seguimiento. Explicó que los funcionarios aceptaron dar acceso a “todo aquel ente que pueda brindar alguna información relacionada con el caso, ya sea testigos, expedientes o detenidos”. Aun cuando admitió que es un punto importante, señaló que el debate sigue abierto en el número de integrantes del equipo operativo, su estancia y el número de visitas, así también como en el número de visitas que realizará el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y un comisionado por definir la próxima semana. El abogado explicó que mientras los padres de familia y sus representantes piden que se atienda la observación de la CIDH de que el equipo operativo técnico esté integrado por un “mínimo de dos personas, los representantes del gobierno no quieren que pase de dos”. Así, mientras los agraviados y sus abogados piden que no se pongan límites a la estancia y número de visitas al equipo operativo, “ellos piden que cada visita se haga en coordinación y se niegan a precisar en el acuerdo que esa palabra no será una obstáculo”. Reiteró que en caso de las visitas de los comisionados, “ellos (los funcionarios) hablan de dos y nosotros cuatro como mínimo de aquí a marzo”. Al término de la tercera reunión para buscar un acuerdo consensuado antes de llegar a Washington, Rosales Sierra lamentó que de no atenderse sus demandas estará “desprovista la CIDH de herramientas necesarias para acompañar y monitorear seria y efectivamente la investigación”. Dijo que los motivos por los que el gobierno de Peña Nieto no quiere garantizar las visitas y estancias para el equipo operativo y los comisionados, es una “preocupación de orden político, el Estado teme a la evidencia o a las contradicciones que pueda estar haciendo pública la CIDH en su estancia en el país”, a través del mecanismo de seguimiento. Lamentan obstáculos oficiales Humberto Guerrero, de Fundar, resaltó que corresponde a la CIDH definir los términos del mecanismo de seguimiento, y que “si el Estado mexicano se niega a aceptar el mecanismo o algunas de las características establecidas por la CIDH, va a tener que explicarlo”. Agregó que de acuerdo con los ordenamientos de la CIDH y la OEA, “no hay un mecanismo para forzar al Estado a cumplir o salvo, los establecidos por la Convención Americana, que son mecanismos políticos, mecanismos de denuncia pública pero el Estado mexicano estaría en un incumplimiento de sus obligaciones internacionales en caso de no querer cumplir lo que disponga la CIDH”. Mario César González Contreras manifestó su “gran tristeza” por no llegar a acuerdos, porque el Estado mexicano “no se da cuenta que lo que está en juego es la vida de nuestros 43 hijos”. Felipe de la Cruz, representante de los padres, acusó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Claudia Ruiz Massieu, de poner “obstáculos para avanzar en estos acuerdos”, y de seguir “en el regateo, como si la vida de los jóvenes no valiera”. La próxima semana viajarán a Washington por parte de los representantes de los agraviados González Contreras, Felipe de la Cruz y el director del Centro de Derechos Humanos, Mario Patrón Sánchez. Previo al posicionamiento de los representantes de los padres de los desaparecidos, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, insistió en avances en las negociaciones y que “las diferencias son de matiz”, mismas que espera se afinen esta semana. Al evitar hablar tanto de los avances como de los pendientes, Ruiz Cabañas confió en que ambas partes lleguen a Washington con un acuerdo prestablecido que pueda avalar la CIDH. Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, señaló que el avance sobre el acceso a la información “será en los términos de la legislación mexicana para atender el mecanismo de seguimiento de medidas cautelares que se refiere a búsqueda a atención a víctimas”. Los funcionarios acordaron con los padres y sus representantes entregar este miércoles una nueva propuesta, que será analizada antes de acordar una posible reunión en esta semana.