Impunidad, el legado de Andrade, el último titular de la SFP

lunes, 18 de julio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 17 meses como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez no sancionó ningún caso de corrupción o desorden administrativo de alto impacto; apenas si implementó un programa anticorrupción y su paso por la dependencia quedará marcado por ser quien exculpó el escándalo de las casas que implicó al presidente Enrique Peña Nieto y su círculo cercano. Andrade Martínez presentó su renuncia esta mañana, con el argumento de que, con la entrada en vigor de las nuevas leyes anticorrupción --que este día promulgó el presidente de México--, termina también el ciclo de la SFP, creada durante el sexenio de Vicente Fox en sustitución de la Secretaría de la Contraloría, cuyo objetivo fue implementar mecanismos de auditoría interna gubernamental y políticas de modernización en la administración pública. Durante el primer tercio de la actual administración, la dependencia permaneció acéfala pues Peña Nieto había prometido en campaña, en el periodo de transición y al inicio de su mandato, que crearía una Comisión Nacional Anticorrupción e inclusive, envió una iniciativa al respecto. Sin embargo, las reformas del Pacto por México postergaron el tema y, una vez que consiguió la aprobación de aquellos caminos que le interesaban, dio por cerrado "el ciclo reformador" en agosto de 2014, muy a pesar de los reclamos del entonces dirigente panista Gustavo Madero, por dejar pendiente la iniciativa anticorrupción. En noviembre siguiente, el portal Aristegui Noticias publicó el reportaje de la llamada “Casa Blanca”. Designado el 3 de febrero de 2015, Andrade recibió públicamente la instrucción de investigar el escándalo de la "Casa Blanca" --oficialmente propiedad de la primera dama-- construida y financiada por el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú. El caso implicaba también al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien habría adquirido en condiciones similares una residencia en Malinalco, Estado de México. Para el 22 de agosto de 2015, Andrade exoneró tanto al presidente como al secretario de Hacienda, de la responsabilidad por "conflicto de intereses" y con ello evitó indagar cohecho u otros ilícitos que podrían configurarse al respecto, según admitió en la conferencia de prensa de aquel día. No fue el único escándalo que dejó impune. Luego de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, sólo procesó a cinco funcionarios menores y a la entonces coordinadora general de penales federales, Celina Oceguera. El pasado 2 de febrero, la SFP anunció la conclusión de su indagatoria con la inhabilitación de Oceguera por 10 años incumplir distintas disposiciones administrativas y permitir que El Chapo tuviera televisión en su celda; pero no por la fuga. En ese caso, evitó investigar al entonces comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Los escándalos de las casas y la fuga del narcotraficante fueron los más dañinos para la imagen del gobierno peñanietista en términos de administración pública, que bajo la legislación vigente hasta ahora, debían ser investigadas por la SFP. Finalmente, el propio Andrade Martínez se ha visto envuelto en un escándalo tras las acusaciones --reveladas por la reportera Peniley Ramírez en Univisión-- de una compañera sentimental que reclama diferentes compensaciones en materia familiar, pero que por las condiciones de dichas denuncias, implicarían uso de inmuebles, así como de recursos humanos y económicos, por parte de Andrade. Con la promulgación el día de hoy, de las nuevas leyes anticorrupción, una nueva instancia con carácter independiente sustituirá a la SFP.

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