CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) tiene un plazo de cuatro meses para indemnizar a Teresa González Cornelio, una indígena otomí que estuvo encarcelada tres años por un delito que no cometió. En un comunicado conjunto, Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informaron que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una resolución irrevocable que ordena a la dependencia que encabeza Arely Gómez reparar el daño íntegramente y “difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa”. Junto con Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, Teresa fue detenida en 2006 acusada de secuestrar a tres miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes “supuestamente realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro”. Las tres mujeres fueron representadas jurídicamente por el Centro Prodh y declaradas “presas de conciencia” en 2010 por Amnistía Internacional. Ambas organizaciones consideraron que los casos de Jacinta, Alberta y Teresa “continúan siendo emblemáticos, incluso en el tema de reparación, pues con la lucha de las indígenas se puede ganar un precedente fundamental para que la PGR se responsabilice por los daños que genera el MP cuando incurre en irregularidades”. Previa a la declaratoria del TFJFA, que favoreció a Teresa, Jacinta Francisco Marcial recibió una resolución en el mismo sentido en mayo pasado. Esta reciente resolución “ya fue notificada a la PGR por lo que el plazo de cuatro meses para que se cumpla está en curso”. Teresa González, quien fue sentenciada a 21 años de prisión, fue liberada por una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo el recurso de apelación interpuesto por el Centro Prodh, “no obstante, la PGR se negó a reconocer su inocencia”. Tras dictarse la sentencia, Amnistía la declaró presa de conciencia, al considerar que “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”. Las organizaciones resaltaron que, tras la reciente resolución, sólo queda pendiente de resolver el caso de la indígena otomí Alberta Alcántara, toda vez que la PGR interpuso un recurso de revisión en busca de revocar la orden de reparación de daño, proceso que se encuentra ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.