Padecieron torturas la mayoría de los adolescentes presos, revela CNDH

miércoles, 18 de enero de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Casi 60% de los jóvenes que han cometido delitos graves fueron víctimas de tortura, atribuida a agentes policiacos estatales y federales, así como miembros de fuerzas armadas, reveló un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El “Informe especial adolescentes: vulnerabilidad y violencia” fue coordinado por la investigadora Elena Azaola, como parte de un convenio de colaboración entre la CNDH y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). De acuerdo con el ombudsman Luis Raúl González Pérez, el estudio “arroja luz sobre los factores que prevalecen y contribuyen a la generación de violencia” entre la población juvenil, y puede servir como guía para el diseño de políticas públicas dirigidas a la población adolescente, que representa 11 millones de mexicanos de entre 14 y 17 años, “a partir de hacer vigentes sus derechos como sujetes de derechos”. Al referirse a las revelaciones del informe encomendado al CIESAS sobre la prevalencia de la tortura en detenciones de los adolescentes en conflicto con la ley, González Pérez se comprometió a analizar con “la Cuarta Visitaduría (…) qué podemos hacer ante estas denuncias de tortura de niños y niñas”. Durante la presentación del documento, Azaola explicó que para su elaboración se tomó una muestra de 730 adolescentes privados de su libertad en centros de internamiento de 17 estados del país, que representan 20% de los 3 mil 700 jóvenes recluidos por delitos graves. La investigadora señaló que gracias a encuestas y entrevistas directas con los jóvenes, se pudo determinar que “la respuesta del Estado para los adolescentes es la tortura, las policías que detienen a estos chicos, en 57% de los casos, ellos (los jóvenes) dicen y relatan con todos los detalles cómo fueron torturados”. Azaola dijo que los adolescentes entrevistados fueron precisos en señalar a sus torturadores como “policías locales, municipales, estatales, federales, militares y marinos (…), todos los cuerpos de seguridad han torturado niños”. Luego agregó que los jovencitos que están siendo procesados por su pertenencia al crimen organizado informaron que “en su grupo habían sido entrenados por expolicías y exmilitares, lo que muestra que el nivel de penetración de las instituciones es importante”. Pese a los detalles de los abusos sufridos por los adolescentes, Azaola admitió que los 416 casos documentados, cerca de 57% de los 730 entrevistados, no se transformaron en denuncias, debido a que las víctimas aceptaron hablar de manera anónima, de ahí que la CNDH “no recibió denuncias, recibió un estudio de lo que está pasando”. La investigadora narró que para convencer a los jóvenes internos se les aclaró: “Tu situación jurídica no la podemos cambiar, tú estás aquí, estás cumpliendo una sentencia, a nosotros nos interesa saber qué te pasó, qué viviste y te prometemos que ojala no haya más niños que pasen por lo que has pasado”. De acuerdo con Azaola, ningún chico se negó a participar en su estudio. De los jóvenes entrevistados por el equipo de Azaola, al menos 35% estaban vinculados con el crimen organizado; 27% formaba parte de pandillas, y 38% cometió crímenes muy graves por “conflictos interpersonales”. Entre los datos relevantes, describió la especialista, destaca que los adolescentes que cometieron delitos graves “nunca fueron niños”, pues 89% habían trabajado incuso antes de los 12 años, lo que habla de que provienen de “familias cuyos salarios son insuficientes y que ponen a los niños a trabajar”. Para la investigadora fue revelador saber que los menores que se involucraron con el crimen organizado sostuvieron que ganaban diez veces más antes de dedicarse a actividades ilícitas. Otros datos que aporta el estudio es que 40% de los jóvenes encuestados fueron maltratados, 12% padeció abuso sexual, 68% consumieron drogas y alcohol, y 12% “no tienen confianza en nadie”. En la presentación del estudio estuvieron la cuarta visitadora Norma Inés Aguilar León y del director del CIESAS, Agustín Escobar Latapí.  

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