CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales agrupadas en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás hicieron un llamado para que senadores y diputados reformen de una vez por todas el artículo 102 constitucional, referente a la designación y remoción de fiscales –incluido el Fiscal General y el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)–. Esto con el objetivo, según señalaron, de incentivar una institución de justicia “autónoma, eficaz e independiente”. En conferencia, los colectivos que integran alrededor de 300 organizaciones sociales evidenciaron que a un mes de que legisladores federales y partidos se comprometieran a trabajar en la modificación de este artículo constitucional, aún no se discute en los recintos legislativos. Partidos políticos y legisladores prometieron estos cambios después de que colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás se pronunciaron en agosto pasado en contra de un “fiscal carnal”, es decir, el pase automático del entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes, al nuevo órgano de procuración de justicia, la Fiscalía General. En agosto además presentaron su Proyecto de Dictamen Ciudadano que incluyó la modificación del 102 Constitucional. “Les solicitamos honrar su compromiso. El trabajo debe de empezar inmediatamente en el periodo de sesiones en curso y bajo un modelo de parlamento abierto que permita el debate despolitizado de lo que será la Fiscalía más grande de Latinoamérica”, subrayaron. En su pronunciamiento, insistieron en que la falta de autonomía de una Fiscalía General se traduce en una “grave” crisis de violaciones a derechos humanos, corrupción e impunidad. “El estado de derecho en México debe fortalecerse desde ahora. La misión no puede estar bajo el reloj de la contienda electoral que se avecina, como tampoco puede estar condicionada al resultado de este proceso”, concluyeron. Lo de Nieto, órdenes del Ejecutivo De la destitución del fiscal especializado Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo –que ordenó el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, la semana pasada– las organizaciones refirieron que la orden no es más que una muestra del control del poder Ejecutivo en la designación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, “en contravención a la mejores prácticas y estándares internacionales”. Al respecto y por separado, la analista y también integrante de #FiscalíaQueSirva, María Amparo Casar, refirió que la destitución es también un caso de la manera imparcial de impartir justicia en el México, pues si bien a Nieto Castillo se le acusa de filtrar información y con ello violar el debido proceso de la investigación del caso Odebrecht, fue la misma acción que cometió en 2015 al revelar la orden de aprehensión contra Arturo Escobar, líder del Partido Verde Ecologista Nacional. “¿Por qué en ese momento no se le removió? No sabemos que componendas políticas hubo detrás”, se preguntó. Amparo Casar también cuestionó las razones jurídicas de Elías Beltrán en la destitución de Nieto Castillo, pues desde que se dio a conocer la noticia el fundamento legal ha variado: “El boletín oficial de la PGR dice que se remueve por faltas al código de conducta. Luego en entrevistas se habla de una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia; finalmente se habla de una violación a la debida reserva”. Esto es una falta de cuidado por parte de la institución que está encargada de la procuración de justicia. Es inadmisible que desde el primer momento que se anunció la remoción no hayan cuidado cada una de las palabras. Paradójicamente se está acusando al Santiago Nieto cuando la Procuraduría no tuvo ni siquiera el cuidado de dar las razones fundadas y motivas para su remoción”, dijo. Finalmente, insistió en que en el contexto político electoral que se aproxima se debe construir una Fiscalía General y una FEPADE fuerte y autónoma. Ello porque “hoy más que nunca, cuando las elecciones son muy competidas, donde sabemos que hay mucho dinero ilegal en las campañas, nos han demostrado todos los partidos que están dispuestos a violar la ley al máximo, a esperar a que no los cachen y que si los llegan a cachar no los procesen”.