CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Hasta este domingo 8 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 127 quejas por los recientes sismos en el país, por lo que ya solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales. De este total, 119 ya están debidamente calificadas y 8 aún pendientes, detalló el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez. De las quejas calificadas, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 34, con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21, de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13, relacionadas con prestación de servicios públicos. La CNDH agregó que 5 quejas son contra la presidenta del DIF estatal de Morelos, Elena Cepeda -esposa del gobernador Graco Ramírez-, relacionadas con el destino de los vehículos que transportan víveres y porque dicha ayuda se coloca en bolsas de la mencionada institución. Tres quejas más que fueron remitidas a Comisiones de Derechos Humanos locales; una, relacionada con seguros y esquemas de reparación (INFONAVIT), y 3 por temas diversos. “Todas las quejas han recibido la debida atención y se han dirigido a las áreas correspondientes para su investigación y desahogo”, informó la Comisión. El organismo destacó que 300 servidores públicos de la Comisión han tenido participación en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla. En un comunicado, este organismo señaló que ha emitido un total de 151 oficios relacionados con solicitudes de información a distintas autoridades, medidas cautelares y otros temas, y ha recibido 20 oficios, 7 sobre respuestas a medidas cautelares, 112 respuestas a solicitudes de información y 1 respuesta de los gobernadores a los oficios para la difusión de los protocolos internacionales. Asimismo, destacó que ha tenido 6 reuniones de trabajo: 2 con la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, 1 con la Procuraduría capitalina, una con padres y familiares de víctimas, y 2 con organizaciones de la sociedad civil. También menciona que se visitaron 53 albergues en la Ciudad de México; se acudió a 27 centros de acopio; se gestionó la donación de medicamentos y material útil para rescate de víctimas y se realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La CNDH observó en actas circunstanciadas levantadas en la capital, entre otras cosas, desorganización y caos en los primeros días de rescate de personas y cuerpos; no se aplicaron protocolos y normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia; constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades federales y de la Ciudad de México, así como falta de uniformidad en la metodología de trabajo y comunicación social en lugares siniestrados. Agregó que no hubo un mismo mando en las zonas siniestradas donde operaron indistintamente la Semar, Sedena, Policía Federal y el Gobierno capitalino; no se acondicionaron espacios adecuados para las familias de víctimas que esperaban noticias en zonas de siniestro, y existió desabasto de agua en zonas de Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. La CNDH dio cuenta de Chiapas, donde en los municipios de Arriaga, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá no se recibieron escritos de queja, no obstante, se elaboraron 10 actas circunstanciadas de las cuales se desprende que en Pijijiapan únicamente hay 15 elementos de la Sedena que realizan remoción de escombros.    En Tonalá, detalló, se constató que el 70% de la comunidad Paredón está afectado, mientras que en Arriaga resultaron afectadas 4 mil 800 viviendas, de las cuales el 30% es pérdida total y hay 15 mil personas damnificadas. En el Estado de México se visitaron los municipios de Calimaya, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Ocuilan, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, San Antonio la Isla, Tenancingo, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán, donde no se recibieron escritos de queja, pero se elaboraron 8 actas circunstanciadas. Los lugares visitados en Morelos fueron Cuernavaca, Hueyapan, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Jumiltepec, Miacatlán, Ocuitulco, San Bartolo, Temixco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan del Amilpas, en donde se recibieron dos quejas en las cuales se señaló al DIF estatal. En este estado, se elaboraron 31 actas circunstanciadas de las cuales se desprende que es incierta la llegada de recursos económicos para la reconstrucción, la decisión de personas afectadas de no pernoctar en los albergues sino en casas temporales de madera construidas por el gobierno o en casas de familiares o amigos, así como falta de apoyo de las autoridades. En Oaxaca, añade la CNDH, se visitaron Juchitán, Tehuantepec, Ixtapalcatepec, Santiago Astata, Asunción de Ixtaltepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo, donde no se recibieron escritos de queja, pero se levantaron más de 50 actas circunstanciadas de las que se desprenden quejas de oficio.     En Puebla se visitaron Ahuehuetzingo, Atlixco, Atzala, Chielta, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Tilapa, donde se levantaron actas circunstanciadas de las que se desprenden también quejas de oficio. La CNDH informó que se visitaron 15 centros penitenciarios en Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit (Islas Marías), Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.  El reporte de las acciones realizadas por la CNDH del 19 de septiembre al 6 de octubre de 2017, puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_049.pdf