CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia generalizada en ciertas regiones del país y los conflictos religiosos o de tierras provocaron el desplazamiento forzado interno de más de 23 mil personas el año pasado, con lo que la cifra de mexicanos que dejaron sus hogares para salvar sus vidas en los últimos ocho años suman 310 mil 527 víctimas, estimó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La organización civil que ha dado seguimiento al desplazamiento forzado interno desde hace varios años, presentó algunas cifras de este problema que el año pasado afectó a 12 estados del país en “29 episodios de desplazamiento masivo”, afectando a 23 mil 169 personas. En un comunicado, la Comisión detalló que los estados en los que se registraron los desplazamientos el año pasado fueron Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Agregó que en 20 eventos, las movilizaciones “fueron causadas de manera directa por la violencia”, lo que implicó que “21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida”. De acuerdo con la organización, si bien en el país no hay un reconocimiento legal pleno del desplazamiento forzado, es un hecho que ocurren las condiciones para la movilidad humana con fines de supervivencia. “En el contexto de inseguridad y violencia en México, en un clima de corrupción e impunidad, se han generado enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos, ejercidas por autoridades, municipales, estatales y federales, generalizadas o sistemáticas, han sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno forzado en el país”, afirmó la organización. La CMDPDH destacó que la falta de reconocimiento gubernamental sobre el desplazamiento interno forzado ha dejado a miles de víctimas “en un estado de profunda vulnerabilidad”, ante la ausencia de políticas públicas para atender de manera integral a esos mexicanos. Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua... En el detalle de los desplazamientos ocurridos el año pasado, la CMDPDH señaló que Michoacán registró el mayor número de víctimas con 10 mil personas que dejaron sus viviendas por la violencia en la entidad, entre los días 23 y 24 de mayo. De acuerdo a la organización, aunque el desplazamiento masivo no fue registrado en su momento por los medios “de manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente del estado de Michoacán fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana”. En Sinaloa se identificaron seis desplazamientos masivos de personas, con una población afectada de cuatro mil 208. Se destaca que la comunidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato --de donde son originarios varios líderes de cárteles del narcotráfico--, registraron tres eventos y “en una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más del 96 % de sus habitantes”. En Guerrero, el año pasado se reportaron siete eventos de desplazamiento masivo interno, con una población afectada de mil 650 personas; en tanto que en Chihuahua, se reportaron tres eventos de movilidad, en los que 4 mil 747 personas se desplazaron de sus lugares de origen. La CMDPDH enlista a otros cuatro estados: Veracruz, Michoacán, Durango y Tamaulipas en los que se registró en cada uno una situación de migración forzada, motivadas por la violencia, lo que implicó a unas 426 personas. Otros conflictos En cuanto a situaciones de desplazamiento forzado originados por otros motivos, la CMDPDH explicó que en Chiapas se registraron cuatro momentos importantes de movilidad, “dos eventos de desplazamiento masivo causado por la violencia política, uno más por conflicto religioso y otro a causas de un conflicto territorial, hechos que afectaron a mil 117 personas”. En Zacatecas, 67 personas fueron expulsadas de su territorio a causa de la actividad extractiva; en Hidalgo, “un conflicto territorial impactó en el desplazamiento de 74 personas”; y en Jalisco, se registró un conflicto de tipo religiosos que motivó la movilización de 30 personas. La CMDPDH registró además dos momentos en Oaxaca por “violencia a derechos humanos” que provocaron que 850 personas se vieran desplazadas de sus localidades. La organización especificó que los eventos de desplazamiento ocurrieron en Nochixtlán, donde 50 indígenas mixtecos huyeron por los actos de represión de las policías federales y estatales registrados en junio del año pasado. El segundo, “derivado de un conflicto agrario y post electoral que involucró la participación de autoridades y policías municipales que realizaron detenciones arbitrarias y ataques armados a la población”. De los 29 episodios de desplazamiento registrados el año pasado, la CMDPDH destacó que sólo se lograron identificar cinco retornos de la población a sus sitios de origen, y que éstos “suelen ser paulatinos y no siempre retorna la población total, debido a las condiciones de inseguridad y al temor de la población a convertirse en víctima de la violencia que le rodea”. La organización insistió en destacar que la “ausencia de programas oficiales o no gubernamentales que atiendan el fenómeno del desplazamiento interno”, coloca a las víctimas del desplazamiento forzado en “en un estado de profunda vulnerabilidad debido a la ausencia de reconocimiento y cobertura gubernamental”.