Amparan a Borge en caso de lavado; fiscalía alista tres órdenes de arresto

martes, 30 de octubre de 2018 · 17:28
CHETUMAL (apro). - La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) anticipó que “se encuentra lista” para dar cumplimiento a al menos tres órdenes de aprehensión contra el exgobernador Roberto Borge, luego que esta mañana se dio a conocer que un juez federal ordenó dejar sin efecto la vinculación a proceso contra el exmandatario quintanarroense por el delito de lavado de dinero, iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR). El exgobernador Borge, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Cuautla, Morelos, obtuvo un amparo que deja sin efecto la vinculación por operaciones con recursos de procedencia Ilícita. Aunque no saldrá libre, pues se valorará nuevamente si el expriista debe o no continuar sujeto a proceso por presunto lavado de 900 millones de pesos en un nuevo dictamen “debidamente motivado y fundamentado”. De acuerdo con informes oficiales, la sentencia del juicio de amparo establece que la vinculación a proceso no satisface las exigencias del artículo 16 constitucional, pues no fueron expuestas las causas o motivos por los que el juez de control consideró que los datos de prueba aportados por la PGR eran idóneos, pertinentes y suficientes para evidenciar el grado de responsabilidad de Borge Angulo. El pasado 5 de enero, tras casi 14 horas de audiencia, el juez de control José Artemio Zúñiga vinculó a proceso al exmandatario por su probable participación en calidad de coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes, resultado de una actividad ilegal. A la vez, el juez José Artemio Zúñiga determinó decretar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, por lo que el exmandatario estatal fue finalmente trasladado al Ceferepsi de Cuautla. Tras esta resolución, que ordena un nuevo dictamen por el delito de lavado de dinero, la FECC emitió un comunicado en el que ofrece “darle tranquilidad a la ciudadanía quintanarroense” sobre la eventual liberación del Borge. En cuanto al proceso por lavado de dinero, iniciado por la PGR, anticipa que se deberá citar a una nueva audiencia para determinar la situación jurídica de Borge Angulo. Y precisa: “Hay dos posibles escenarios. El primero es que la PGR impugne la resolución o bien, en caso de que no se impugne, se llevaría a cabo la audiencia de imputación y ahí el juez federal decidirá si se vincula o no a proceso por el delito ya antes señalado”. Pero advierte que, si finalmente Roberto Borge no es vinculado a proceso por lavado de dinero, la FECC traería al estado al exmandatario para que comparezca por los tres procesos que se le investigan. “La Fiscalía Anticorrupción, consciente de los procesos legales, tiene un tiempo y término, por lo que se mantiene vigilante para hacer cumplir la ley y, en consecuencia, traer al imputado al estado y que enfrente los tres procesos legales por hechos cometidos en contra del patrimonio de los quintanarroenses, tal y como la ciudadanía lo ha manifestado”, subraya. Por la mañana, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer en una nota informativa que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México concedió la protección constitucional a Borge “con el único efecto de dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso que le fue dictado el 5 de enero”. Un juez de control vinculó a Borge “por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes dentro del territorio nacional”. Una de las acciones imputadas a Borge como coautor del hecho delictivo fue designar como titular del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo a Claudia Romanillo, acusada por la presunta compra-venta fraudulenta de una veintena de predios de la entidad a familiares del exgobernador. Por este caso, en enero pasado, la PGR aseguró que el quebranto causado al erario por el gobernador fue superior a los 900 millones de pesos y pidió su vinculación a proceso.

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