La CNDH refrenda postura contra militarización; no garantiza justicia

jueves, 13 de diciembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó sobre los riesgos del incremento de abusos al mantener a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Guardia Nacional, que “no garantiza justicia”. Ante integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el ombudsman recordó que no es nueva la posición de la CNDH en contra de la militarización, que es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que auguró que el proyecto presidencial no resolvería el problema de violencia que vive el país. Tras el análisis de la propuesta de creación de la Guardia Nacional, González Pérez puntualizó que “representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia de inseguridad que enfrentamos, generaría el riesgo de que se vulneraran los derechos humanos, no garantizaría en modo alguno ni contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara la impunidad”. Agregó que el cuerpo de élite que impulsa López Obrador, “debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”. Este jueves, ante legisladores presididos por Miroslava Carrillo, González Pérez destacó que, a 12 años de la militarización de la seguridad pública, “los problemas de inseguridad y violencia en el país están lejos de resolverse, y se han acumulado miles de casos de homicidios y de personas desaparecidas, que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha podido, por sí misma, prevenir o remediar”. Al recordar que no es la primera vez que la CNDH se opone a la militarización de la seguridad pública, pues impugnó por la vía de la acción de inconstitucionalidad la Ley de Seguridad Interior, el ombudsman puso sobre la mesa los 12 años en que las Fuerzas Armadas han estado al frente de la estrategia de combate al crimen organizado, que “ha demostrado lo limitado de sus alcances y efectos”. “Repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias, implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanos y mexicanas han perdido la vida, miles están desaparecidos y se ha producido un número no determinado de víctimas que han aprendido a convivir con el miedo y el dolor, frente a la impotencia de un sistema de procuración e impartición de justicia en el que reina la impunidad”, insistió el ombudsman   González Pérez destacó que, por la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, el Estado no puede desconocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por actuaciones violatorias atribuibles a militares, ni hace a un lado las recomendaciones de organismos internacionales en contra de la militarización de la seguridad. “El que formalmente se pretenda desvincular a la Guardia Nacional del régimen jurídico aplicable al resto de las Fuerzas Armadas, no cambia en los hechos la realidad de que, materialmente, el órgano propuesto estará integrado mayoritariamente por personal proveniente del Ejército y de la Marina”, dijo el presidente de la CNDH al puntualizar que “implícitamente se estará subordinando a las autoridades civiles a los mandatos y órdenes de autoridades de carácter militar, con independencia de la denominación que se pretenda dar a las mismas”. González Pérez observó que en la propuesta de reforma constitucional para dar lugar a la creación de la Guardia Nacional no hay sustento en “la entrega de la seguridad pública a las instituciones militares”, ni mucho menos un programa de “cómo vamos a desarrollar a las policías civiles, cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando”. El ombudsman apuntó que la vía para acabar con la violencia es abatir la impunidad a través de garantizar la autonomía de las 33 fiscalías, la federal y 32 estatales, “en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores”. “La seguridad es una necesidad no un campo para los intereses políticos o de otra índole”, puntualizó González Pérez tras recomendar a los legisladores establecer “un grupo o panel de análisis especializado y plural” para revisar la evidencia de lo que ha significado poner en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país, a fin de que “sustentara la viabilidad y pertinencia de la reforma que se plantea”.

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