CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Jan Jarab alertó a la Cámara de Diputados sobre los elementos “problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos” que contiene el proyecto de dictamen para reformar la Constitución con la finalidad de crear la Guardia Nacional. En una carta dirigida a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jarab lo instó a los legisladores a tomar con responsabilidad “la que probablemente será la más importante definición constitucional que adopte” el Congreso mexicano. “Le invito a que la definición normativa más elevada que estará tomando para enfrentar los inocultables y dolorosos retos en materia de violencia, inseguridad y criminalidad que padece el país, se realice de manera reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado mexicano”, destacó Jarab. El representante de la ONU reiteró su preocupación de que el proyecto de Guardia Nacional contempla estar integrado “mayoritariamente por elementos de las Fuerzas Armadas y con mando militar, además de asignarle facultades de investigación”. Para Jarab, de aprobarse el dictamen “se consolidaría -a nivel constitucional- el paradigma militar en materia de seguridad, mismo que ha contribuido al deterioro de la situación de derechos humanos en México, y se perjudicaría la posibilidad de dotar a México en el futuro de una corporación capaz de ejercer tareas de seguridad pública en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos”. Al coincidir con otras organizaciones de derechos humanos de que la estrategia de militarización que ha adoptado México desde hace más de diez años “no ha dado los resultados esperados, produciéndose un incremento de la violencia y de las violaciones a derechos humanos”, Jarab llamó a que, contrario al dictamen, el Estado mexicano debe desmilitarizar paulatinamente la seguridad pública. “Desde la ONU-DH se alienta al Estado mexicano a adoptar una fórmula que permita el retiro gradual, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; garantice el carácter excepcional y temporal de su participación en tareas de seguridad; asegure la supeditación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil; fortalezca las capacidad de las corporaciones civiles; fomente la corresponsabilidad entre los diversos órdenes de gobierno; e incorpore un régimen efectivo de control y rendición de cuentas que inhiba el abuso y la violación a los derechos humanos”, destacó Jarab en la misiva fechada el 19 de diciembre. Con copia para integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, así como para las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Población, Seguridad Pública, Jarab llamó a reconsiderar el contenido del proyecto de dictamen. Pidió a los legisladores “establecer un espacio real de deliberación, abierto, plural e incluyente que garantice, entre otros, la participación efectiva de las víctimas de violaciones a derechos humanos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales y pueblos indígenas”. Tras destacar que la posición de la ONU-DH contra la creación de la Guardia Nacional, es coincidente con la manifestada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jarab manifestó su disposición “para brindar asesoría y cooperación técnicas que precise la Cámara de Diputados, dentro del marco del más amplio respeto de los procedimientos parlamentarios y en los términos que más convenga a esta H. Cámara del Congreso de la Unión”.