CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este lunes el decreto por el que se crea una comisión para contribuir a la verdad y la justicia para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como uno de sus primeros actos de gobierno, con los padres y madres de las 43 víctimas y sus representantes legales, López Obrador firmó el ordenamiento para que “todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objetivo de fortalecer el derecho de que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad”. López Obrador sostuvo que esclarecer el caso que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto “es un asunto de Estado”, de ahí que se mantendrá al tanto del desarrollo de las indagatorias que se continuarán a partir de que se cree la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, tal como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas. Acompañado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina -Olga Sánchez Cordero, Luis Crescencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán--, así como por los subsecretarios de Derechos Humanos de la Segob, y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería -Alejandro Encinas y Martha Delgado Peralta-, López Obrador se comprometió a que “todo el gobierno va a ayudar en el propósito” de encontrar la verdad y que “no habrá impunidad ni en este caso tan triste y doloroso ni en otro”. Al señalar que, con la creación de la comisión, se buscará dar beneficios y protección a testigos de los hechos, el mandatario reiteró su objetivo de llegar a la verdad, porque “no le debo nada a ningún grupo de intereses creado, sólo tengo un amo, que es el pueblo de México, y es al que le tengo respeto y lealtad". No habrá traba ni obstáculo Ante abogados de las organizaciones que representan a los familiares, López Obrador prometió que, para conocer el destino de los muchachos, de parte de su gobierno no habrá “traba ni obstáculo”, tanto así que la comisión “tendrá amplias facultades” para la realización de las indagatorias. Recordó lo que dijo en campaña respecto al caso Ayotzinapa, que el interés de su gobierno está en alcanzar “la verdad por encima de todo”. “Debe reinar la verdad, ante todo, que es revolucionaria, que es cristiana. La mentira es reaccionaria, es del demonio”, apuntó el mandatario. Previo al mensaje presidencial, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, de los normalistas desaparecidos, emplazó a López Obrador a recuperar la credibilidad de los mexicanos en el gobierno federal a partir del esclarecimiento de este caso. Reclamo de los deudos: “cúmplanos” “Demuéstrenos que está para servir a los mexicanos”, dijo con voz firme, María Martínez, quien pidió al mandatario que “nos saque del basurero en el que nos dejó Enrique Peña Nieto”. La madre de una de las 43 víctimas, destacó que además de los 43 hay miles de desaparecidos más, pero advirtió que “si llega a encontrar a nuestros hijos, va a ser grande, van a creer en usted” Previo a la firma del documento, Sánchez Cordero y Encinas Rodríguez describieron los términos del decreto firmado este lunes, por el que se crea una comisión política que encabezará Encinas, quien se encargará de coordinarse con dependencias federales y con el responsable de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía General de la República, para que dentro de ese ámbito se cree la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, ordenada por el Tribunal Colegiado. De acuerdo con el decreto, a la secretaría de Hacienda le corresponderá destinar los recursos necesarios para la creación de la comisión, a la de Salud la atención a los familiares y víctimas, en tanto que a la de Relaciones Exteriores los convenios con organismos internacionales que colaborarán en el esclarecimiento. Al término del evento, Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, destacó que antes de la toma de posesión, representantes de los familiares de los jóvenes desaparecidos y el gobierno, sostuvieron conversaciones para considerar la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Aguirre Espinosa, anunció que este miércoles Alejandro Encinas y los abogados de las familias de las víctimas acudirán a Washington a continuar con las conversaciones y concretar acuerdos para la colaboración con la Comisión de Investigación. El abogado destacó, que pese a que la sentencia del Tribunal Unitario, considera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que forme parte de las Comisión de Investigación, se pondrá a consideración de los padres y madres la pertinencia de su participación, toda vez que “fueron agraviadas con la recomendación del caso”. Padres y madres de los jóvenes desaparecidos, consideraron que la recomendación dada a conocer el miércoles 28, no aporta elementos nuevos a la indagatoria y por el contrario revive la “verdad histórica” de la PGR, en la que se señala que los jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan. Hilda Hernández, madre de César González, señaló que las manifestaciones de exigencia por la presentación de los jóvenes desaparecidos continuarán. “La lucha no se acaba con la firma del decreto, es sólo una nueva etapa”, dijo.