COLIMA, Col. (apro).- Una mujer de 81 años, viuda de un capitán del Ejército, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, que “por humanidad y justicia”, intervenga para que la Sedena le otorgue la pensión y demás beneficios económicos a los que tiene derecho tras la muerte de su esposo, ocurrida en octubre de 2016. Ana María Alatorre Coll, quien desde 1963 estuvo casada con el capitán piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Benjamín Luna García (matrícula militar 2883662), expuso su caso a través de una carta dirigida al jefe del Ejecutivo federal y al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos. En el documento, la anciana narró que, desde la fecha del fallecimiento de su esposo, “en forma aviesa, oscura y cobarde no se me ha permitido gozar de la pensión que en derecho me corresponde en mi calidad de viuda supérstite de militar, ni de nada que la ley me reconoce, mas por derecho que por graciosa concesión de los funcionarios militares responsables”. Igual refirió que oficialmente la Sedena le había desconocido a su esposo su calidad de piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, situación que se vio obligada a defender jurídicamente para forzar a la institución a respetar la personalidad militar de su cónyuge, lo que al final resultó ser un supuesto “error” de los funcionarios. Alatorre Coll dijo también en su misiva al presidente que en esta lucha han sido promovidos los juicios de amparo indirecto 1865/2016 y 1094/2017 del índice de los juzgados Quinto y Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, respectivamente, y 19034/17-17-01-2, del índice de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este proceso, subrayó, los jefes castrenses han nombrado a “decenas de abogados militares” del Instituto de Seguridad Social Militar y de la Secretaría de la Defensa Nacional, “cuyo exceso se destina para combatir las resoluciones de los jueces federales que protegen mis derechos humanos, y a su vez retrasan la pensión que me corresponde”. En el juicio de amparo indirecto promovido en agosto pasado, Ana María Alatorre reclamó de diversas instancias del Ejército la violación a su derecho de petición, dado que desde octubre de 2016 solicitó el pago del seguro de vida militar de su esposo y, pese a haber seguido los procedimientos, no obtuvo respuesta favorable ni se dio trámite a los escritos petitorios interpuestos en diferentes fechas ante cerca de una decena de oficinas y departamentos de la Sedena, lo que “me deja en completo estado de indefensión”. Otro de los aspectos reclamados por la mujer es la violación directa al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la violación al Principio Pro Homine y al Principio de Progresividad de los Derechos Humanos ante la violación directa a la garantía de máxima tutela, especial protección a cargo de los órganos del Estado y consideración especial que prevé la Carta Magna a favor de las personas de edad avanzada en condición de vulnerabilidad. Alatorre Coll se quejó además de la afectación de manera directa de sus derechos sustantivos sin haber sido oída ni vencida en juicio por parte de la autoridad responsable, “al desconocer mis derechos y calidad y titular del seguro de vida militar de mi esposo, afirmando la supuesta existencia de nuevos ‘beneficiarios’ del seguro de vida militar de mi esposo, sin que se me proporcione documentación o prueba alguna”. Respecto de lo anterior, sostuvo la anciana en su demanda de amparo, la autoridad responsable realizó una interpretación inconstitucional de las normas en el acuerdo contenido en el oficio DPE 10231/3465/2017, emitido por el director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de fecha 20 de julio de 2017, notificado ocho días después. Ana María Alatorre pidió también al juez tener en cuenta que las autoridades responsables ilegalmente han violado la especial protección que debieron respetar ante su edad avanzada y su condición de vulnerabilidad, cuyo daño le han causado tan sólo por el innecesario transcurso del tiempo, por lo que le solicitó suplir la queja deficiente en su favor, para que se atienda la mayor protección que se le debe dar como adulto mayor vulnerable. En su carta a Peña Nieto y a Cienfuegos, la mujer denunció que se ha obstaculizado la entrega de documentación que ha solicitado desde 2016 para no quedar a ciegas en el caso, que fue turnada a la Sección Primera del Estado Mayor, “luego de Herodes a Pilatos; nada se resuelve ni se me proporciona la pensión que me corresponde como viuda supérstite de militar y los demás derechos que la ley me reconoce; hasta han evitado que se me dé el auxilio económico que se entrega a todas las viudas de un militar Diplomado de Estado Mayor desde el día de su fallecimiento”.