CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 57 votos a favor y 36 en contra, y en medio de una intensa discusión, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Seguridad Privada para regular la prestación de servicio de las empresas privadas, marco legal que fue considerado por varios legisladores como contrario a la Constitución. La nueva ley, compuesta por 78 artículos y 7 transitorios, reglamenta el 21 constitucional y establece que el concepto de “seguridad privada” se entenderá como la actividad auxiliar de la función de seguridad pública en materias como vigilancia, custodia de personas, información, bienes muebles e inmuebles, operación de sistemas y equipos de seguridad. En el dictamen se estableció que existen 6 mil empresas de seguridad privada en todo el país, pero sólo 3 mil 640 están debidamente acreditadas, y de éstas cerca de mil 232 cuentas cuentan con permisos federales, y el resto con permisos locales. Peor aún, las 2 mil 300 empresas restantes operan sin registro ni personal certificado. Los senadores que se pronunciaron a favor fueron los priistas Ernesto Gándara Camou, José María Tapia Franco, Teófilo Torres Corzo, Jorge Toledo Luis y Patricio Martínez. En contra se manifestaron los panistas Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks y Pilar Ortega Martínez, del PAN, así como el coordinador de la bancada del PT-Morena, Manuel Bartlett, además de María del Carmen Ojesto y Dolores Padierna, al igual que la senadora independiente Martha Tagle.