GUANAJUATO, Gto. (apro).- La titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Patricia Bugarín Gutiérrez, dijo aquí que aunque la instancia federal no recomienda que familiares de personas desaparecidas o secuestradas ofrezcan un rescate por su localización, no se puede coartar el derecho que tienen de hacerlo en lo que se refiere al ofrecimiento hecho por los familiares de los tres ciudadanos italianos que presumiblemente fueron desaparecidos por policías municipales en Tecalitlán, Jalisco. Las familias de Raffaele Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino dieron a conocer ayer martes su intención de pagar hasta 2 millones de pesos por su localización o por datos que conduzcan al paradero de los tres ciudadanos italianos, de quienes no se sabe nada desde fines de enero. De acuerdo con los indicios, habrían sido policías municipales quienes los retuvieron para, presuntamente, entregarlos a un grupo delictivo. El 24 de febrero, cuatro agentes municipales de Tecalitlán fueron detenidos bajo esta acusación. Sobre el ofrecimiento de la recompensa, Patricia Bugarín aclaró que la PGR sólo las aplica “bajo un protocolo específico”, y que en lo general no se recomienda que las familias de las víctimas de secuestro o desaparición lo hagan ya que “puede llevar a informaciones falsas que pongan en riesgo a las personas que la ofrecen; pero si la familia considera que lo prudente es ofrecer una recompensa a cambio de información, no es algo que se pueda coartar”. Sobre este caso y el de la desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV en marzo, la coordinadora nacional Antisecuestros refirió que faltan datos contundentes para determinar si son desapariciones o secuestros. “No es algo determinado, se está aplicando un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas hasta este momento”, dijo la funcionaria federal. Y ante el reclamo, particularmente de los familiares de los tres ciudadanos italianos, por una falta de información sobre la investigación y búsqueda por parte de las autoridades mexicanas, Bugarín Gutiérrez recordó que, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, las personas de origen extranjero tienen los mismos derechos previstos tanto para las víctimas como para las familias en estos casos. Esto quiere decir “que si hubiera alguna queja o sienten que la información es insuficiente, tienen todo el derecho a exigirla y se les tiene que dar”. Aunque también aclaró que la autoridad está obligada a la secrecía en caso de que la información sobre la búsqueda pueda poner en riesgo a las víctimas de desaparición o secuestro. La funcionaria estuvo en esta ciudad en la entrega de certificados para analistas de información para el desarrollo de productos de inteligencia, luego de una capacitación brindada con apoyo de la Embajada de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida y la Procuraduría de Guanajuato, misma que se impartió a personal de la Secretaría de Marina, Policía Federal, PGR y procuradurías de varios estados. En entrevista, Bugarín aseguró que el número de secuestros en lo que va del año “va a la baja” en comparación con lapsos anteriores. “No con la contundencia con que quisiéramos, pero los hemos mantenido (a la baja)”, aseguró, y adjudicó esta reducción a la coordinación existente entre las 32 unidades antisecuestro entre los estados y con la instancia federal, “algo que tal vez no se vea en el combate a otros delitos”, según dijo.