La corrupción inicia en los procesos electorales: Santiago Nieto

lunes, 9 de abril de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), aseguró que la corrupción inicia en los procesos electorales, a partir de las componentes que se dan entre partidos políticos y candidatos. "Mientras inicia el proceso electoral y al cierre de la votación, ocurre la alteración del Registro Federal Electoral mediante el llamado turismo electoral y cambio de domicilio”, señaló Nieto al participar en el foro Sistema electoral, financiamiento de campañas y mecanismos de control de recursos ilícitos en los procesos electorales de 2018. Añadió: "En la precampaña y campaña cambia. Ahí se da la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales". Al delinear el llamado "ciclo de delito electoral" que, dijo, puede llevar a la inequidad, ejemplificó que existen 6 mil 491 programas sociales, de los cuales 155 son estatales, pero fondeados con recurso federales, y no tienen padrones ni reglas de operación, lo que significa que pueden dar de alta a usuarios en forma masiva y generar un uso clientelar. "Esto no es menor, hay que pensar que esos programas de naturaleza social tienen un objetivo determinado y podemos llegar a tener un problema de inequidad", puntualizó. Después, detalló, viene la penúltima parte del ciclo: "Tres días antes de la elección, la práctica es recoger credenciales de elector, y aquí no es ganar votos para un partido, sino quitarle votos al opositor, por tanto, esta parte (con ofrecimientos de hasta 500 pesos por credencial) genera una condición de inequidad". La última parte del ciclo del delito electoral es el día de la elección: ahí aparece la compra de votos, acarreo y presión a los electores a través del temor, subrayó Santiago Nieto, quien como titular de la FEPADE de 2014 a 2017, verificó, investigó y dio seguimiento a delitos ocurridos en elecciones estatales. Y habló de su sorpresa por lo sucedido en el Estado de México: "Nos dio cosas que nunca pensé que iba a ver en una sociedad democrática, como fue esto de las 51 cabezas de puerco que se dejaron afuera de las casas de los representantes de Morena o funcionarios de casilla. Por supuesto que la reacción de muchos presidentes de casilla fue regresar el paquete electoral a la institución electoral". El punto central de todo, sostuvo, es que se debe entender que las malas prácticas electorales y el tema de los programas sociales están íntimamente relacionados. Pero si se suspenden 15 días antes los programas sociales –abundó-- se genera otro problema: que la gente llegue al día de la votación con un grado tal de vulnerabilidad, que esos 500 pesos pueden significar un cambio. "Es un tema de pobreza y marginalidad, y un tema que podemos estar viviendo", dijo. Santiago Nieto, quien fue destituido por el gobierno de Enrique Peña luego de revelar que investigaba a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, así como la elección presidencial de 2012, advirtió que "a nadie le conviene generar condiciones de inequidad en la contienda electoral, porque esto puede significar la polarización política, la polarización social, y creo que lo que menos merecemos es eso". De igual manera destacó que, con base en estudios y cifras oficiales, el costo de los programas sociales fue de 35 mil millones de pesos, y este 2018, apuntó, tan solo de enero a febrero esa cifra ya se ha ejercido. Hay que ver porqué han gastado 31% más en Liconsa, 21% en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o 34% en Prospera, dijo. Pero, además, “también se deben revisar las tarjetas, para luego explicar el operativo utilizado por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte: daba de baja a los beneficiarios de Prospera y daba de alta a sus estructuras partidistas, así el programa social se convierte en un mecanismo de pago a la estructura de Duarte". El exfuncionario recordó que durante las campañas electorales de 2016 y 2017 sobresalió la generación de empresas fantasmas, desvío de recursos, problemas con la delincuencia organizada, retención de salarios, participación de grupos de presión, y en general actos de corrupción. Apoyado en investigación y material gráfico, el exfiscal para delitos electorales alertó sobre los lugares donde puede ocurrir en mayor cuantía el llamado "turismo electoral": Nayarit, Baja California y Estado de México, donde no habrá elección local. Y alertó sobre el uso de las redes sociales, las debilidades institucionales y la falta de recursos para la observación electoral, que en 2012 fue de 93.6 millones de pesos y ahora apenas llega a los 18 millones, "un 81 % menos". "Los problemas no están en las urnas, no están en los cómputos, no están en la forma como se instalan las casillas, ni en cómo se cuentan los votos, (el problema) es cómo llegan los votos a las urnas y si los votos llegan a través de modelos de clientelismo electoral. Entonces no podremos hablar de elección equitativa", puntualizó. Contrario a esa detallada explicación, Héctor Marcos Díaz-Santana, actual titular de la FEPADE, centró en la ciudadanía parte de la responsabilidad para lograr la limpieza del proceso electoral. Aun con la responsabilidad de la transparencia y la legalidad por parte de los actores políticos, la ciudadanía tiene la obligación de equilibrar la balanza y denunciar los delitos, concluyó.