CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó violaciones graves a derechos humanos como tortura y detención arbitraria, cometidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) contra un migrante salvadoreño, en Mexicali y Tijuana, Baja California en octubre pasado. Es la segunda recomendación por hechos graves atribuidos a personal del INM en las últimas dos semanas. El miércoles 9 de mayo, el organismo dio a conocer omisiones graves cometidas por servidores del INM, de la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la dirección general del DIF de la Ciudad de México, quienes, ante la denuncia de una adolescente hondureña de 13 años, por violación sexual, privilegiaron la expulsión del país. En la actual recomendación 14/2018 dirigida al comisionado del INM, Gerardo Elías García Benavente, la CNDH documentó que el 31 de octubre, aproximadamente a las 16:00 horas, un ciudadano de nacionalidad salvadoreña acompañó a un ciudadano hondureño a la Estación Migratoria de Mexicali, donde el hondureño “deseaba entregarse voluntariamente para ser retornado a su país”. El salvadoreño “fue perseguido y sometido por un agente federal de Migración y dos guardias de una empresa de seguridad privada que resguarda la Estación Migratoria de Mexicali, quienes lo golpearon y amenazaron”, constató la CNDH. En la recomendación se indica que el salvadoreño fue conducido a un cuarto “junto al consultorio médico” de la Estación Migratoria, “donde un funcionario del INM y dos guardias lo golpearon, amenazaron e insultaron nuevamente, durante 15 o 20 minutos, y después lo llevaron malherido a una celda”. De acuerdo con el documento recomendatorio, “luego de suplicar atención médica por los dolores que presentaba”, al día siguiente un servidor público lo auscultó identificando que tenía una costilla rota, sin que se le realizara ningún estudio ni se le suministrara un analgésico que le fue recetado. Se narra que los funcionarios de migración pretendieron obligarlo a firmar documentos y “no le permitieron comunicarse con su representante consular ni hablar por teléfono hasta pasados tres días”. Dos días después, fue golpeado nuevamente “por varios agentes del Instituto y guardias de seguridad privada”, cuando por temor opuso resistencia a abordar un vehículo que lo trasladó a la Estación Migratoria de Tijuana. El 10 de noviembre el INM otorgó al migrante un “Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas”, y fue alojado en un albergue para personas migrantes en Tijuana, por gestiones de la CNDH. De acuerdo con el organismo, el salvadoreño presentaba “deformidad en hemitórax izquierdo (fractura de costilla), lesiones en el tobillo, herida en dorso nasal y desviación de tabique nasal”. La CNDH identificó que el ciudadano salvadoreño fue víctima de tortura y violaciones al derecho a la protección de la salud y la seguridad jurídica, por lo que recomendó al INM reparar el daño conforme a la Ley General de Víctimas. De acuerdo con la recomendación, la reparación debe incluir atención médica y psicológica, así como una indemnización e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. Además, se instruyó al comisionado del INM a “colaborar en la integración de la carpeta de investigación por la denuncia de hechos” que el organismo presentará ante la PGR “contra servidores públicos del INM y quien resulte responsable, y se aporten los elementos necesarios en procedimiento administrativo de investigación por la queja que se presentará ante el Órgano Interno de Control en el INM contra siete funcionarios públicos” de la dependencia. La CNDH fijó un plazo máximo de tres meses para elaborar un documento “con los lineamientos para el otorgamiento de atención médica y suministro de medicamentos a personas en contexto de migración detenidas en las Estaciones Migratorias, diseñar e impartir un curso obligatorio sobre los derechos de las personas en contexto de migración, para quienes proporcionen servicios de seguridad auxiliar en las estaciones migratorias del país”. Asimismo, “a más tardar en un mes”, el INM deberá distribuir copia de la recomendación a las empresas de seguridad privada con las que el Instituto tenga contrato, y solicitarles que capaciten en materia de derechos humanos a su personal de manera periódica.