CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtieron que el Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos “una oportunidad histórica” de emitir el primer fallo sobre tortura sexual cometida por miembros del Ejército Mexicano desplegados con la finalidad de combatir delitos contra la salud. En un comunicado, anunciaron que en próximos días le corresponderá al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitir una sentencia de primera instancia relacionada con los abusos cometidos por efectivos castrenses en agravio de la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú en febrero de 2002. “La resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”, puntualizaron ambas organizaciones. La sentencia es el resultado de un ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de 2010, tribunal regional al que recurrió Rosendo Cantú después de años en que se le negó la justicia en México. Rosendo Cantú recorrió el mismo camino que otra indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega, quien también fue víctima de tortura sexual en 2002 y obtuvo una sentencia de la CoIDH a su favor, aunque en México su caso sigue en integración. En ambas sentencias, la CoIDH reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en hechos que calificó como “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”. Las organizaciones que representan a ambas mujeres destacaron: “La sentencia que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emita podría materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, enfrentando amenazas, hostigamiento y agresiones que han impacto a nivel personal, familiar y comunitario”. Para el CEJIL y Tlachinollan, “es una oportunidad histórica, pues se trata del primer caso de tortura sexual cometida por elementos del ejército que, posterior a la sentencia del tribunal interamericano, está a punto de resolverse en el fuero civil y bajo encuadre de los delitos correctos –violación y tortura-. A su vez, la jueza de primera instancia tiene la oportunidad de aplicar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional”. Caso “paradigmático” Al señalar la conveniencia de que la resolución judicial coincida con la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la LSI, las organizaciones recordaron que dicha legislación ha sido cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos. Y agregaron: “también va en contra del sentido de la sentencia de la Corte IDH (en el caso de Rosendo Cantú) que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército”. Los representantes de Rosendo Cantú puntualizaron que “los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se considerarán como cumplidas”. Tras indicar que el caso de Valentina Rosendo es “paradigmático a nivel nacional e internacional”, porque permitió a los jueces del tribunal regional desarrollar los términos de “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, destacaron que Valentina es “un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual”. En 2002, Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años y no hablaba español. Fue abordada mientras lavaba ropa en un río por efectivos del 41 Batallón de Infantería que recorrían las inmediaciones de la comunidad en la que vivía en Acatepec, y llevaban a una persona detenida. Valentina fue interrogada por los soldados y torturada sexualmente. Ella “tuvo que enfrentarse a la discriminación que las mujeres víctimas de violencia sexual experimentan, la cual se agravó por su identidad indígena y por ser menor de edad al momento de denunciar, no contó con servicios de traducción y en todas las ocasiones en que acudía para exigir justicia se enfrentaba a un proceso de revictimización en virtud de que era constantemente cuestionada por los hechos que describía”, destacó Tlachinollan en una ficha informativa. Pese a que la indígena interpuso su denuncia en el fuero civil, el caso fue trasladado al fuero militar, motivo por el que recurrió a la Corte IDH, que en 2010 emitió una sentencia ordenando una investigación efectiva. Pese a la sentencia internacional, fue hasta 2012 cuando la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó que la investigación por “violación sexual y tortura cometidas en su contra por miembros del Ejército mexicano en el año 2002, había sido remitida a la Procuraduría General de la República (PGR)”, agregó Tlachinollan. En octubre de 2013, la PGR -a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA)- consignó ante la justicia federal a dos personas: un elemento del ejército en activo y otro fuera del servicio, quienes previamente fueron plenamente identificados por la víctima. Hoy están en prisión; el primero en el Campo Militar Número Uno y el segundo en un penal de Chilpancingo. Ambos acusados interpusieron recursos judiciales para tratar de revertir las órdenes de aprehensión, sin éxito ante la contundencia de los señalamientos de Valentina, quien “marca un camino para que violaciones a derecho humanos tan graves como las que ella vivió, no vuelvan a ocurrir”.