Erradicar los privilegios, la corrupción y tapar las cañerías mediante una reingeniería de la administración pública y una reestructuración del Congreso de la Unión son los primeros pasos de la LXIV Legislatura federal, liderada por Morena, “y la oposición debe tener claro que no vamos a ceder”, advierte Alfonso Ramírez Cuéllar, el responsable de la agenda legislativa en San Lázaro. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Alfonso Ramírez Cuéllar, el legislador federal de Morena responsable de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados, ofrece un par de datos acerca de la aterradora realidad del país: la deuda de estados y municipios, dice, asciende a 500 mil millones de pesos, mientras que los convenios y ampliaciones presupuestales discrecionales por 250 mil millones de pesos “no beneficiaron a la sociedad”. Y advierte: “Esto nos lleva a hacer cambios radicales”. La vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho, del PRI –el partido que fue desplazado de la Presidencia de la República–, lo admite y sentencia: “Llega un movimiento político con una visión distinta de país y la aspiración de construir un nuevo régimen. Sí, pero éste necesita expresarse en iniciativas concretas”. Y agrega: “Hay un hilo conductor que es el bien de México, por lo que no habrá obstáculos para votar juntos o por separado con el partido de López Obrador”. Aunque la bancada priista es de sólo 47 diputados, Sauri Riancho insiste en que sus correligionarios “están conscientes de que debemos participar con toda nuestra fuerza en los asuntos que son interés de la nación… A ver cómo nos multiplicamos”. Con la seguridad que le dan los 251 legisladores de su organización política, la morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, adelanta que los cambios que aprobarán, tanto en reglamentos como en la reorientación del gasto, significan un ahorro de 600 mil millones de pesos, los cuales servirán para impulsar los 12 primeros proyectos de Andrés Manuel López Obrador para cambiar el rostro del país. Enumera los principales: becas para jóvenes, dotación de medicinas en todos los centros de salud, duplicar el monto de la pensión a los adultos mayores y ampliarla a personas con discapacidad, llevar la canasta básica a todas las zonas de extrema pobreza y crear 100 universidades. Por lo pronto, en septiembre Morena se propone aprobar la reglamentación al artículo 127 constitucional, según la cual ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República; es decir, más de 108 mil pesos al mes. El segundo paso, detalla Ramírez Cuéllar, es reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “para reducir el gasto corriente, bajar los sueldos de los altos niveles de servidores públicos e incrementar progresivamente los sueldos de médicos, maestros, enfermeras, soldados y marinos”. El tercer punto, añade Padierna, será la reorientación del presupuesto, aunque aclara que el 50% es inamovible, “pues está comprometido con la entrega de participaciones federales a estados y para el pago de la deuda”. Además, dice, se trabajará en sintonía con los 17 congresos estatales donde Morena es mayoría, para que se etiquete el dinero con los objetivos similares, lograr el desarrollo de las 275 zonas en que se dividirá el país y llevar la justicia social que erradique la pobreza extrema en año o año y medio.  Rehacer desde San Lázaro En 2012, apenas recuperó las riendas del país, el PRI aprobó reformas en el Congreso de la Unión para dar un giro de 180 grados en el sector energético, educativo, laboral y de telecomunicaciones. Ahora, en sintonía con López Obrador para cambiar la fisonomía social del país, la fracción de Morena hará lo propio desde San Lázaro. En su documento de agenda legislativa sostiene que “el centro de la renovación política nacional se enmarca en la Cámara de Diputados”, que “acompañará la reconstrucción del país por convicción, no por consigna, manteniendo la independencia y el respeto de los otros poderes de la Unión y de aquellos que lo son de facto”. Lo que ha ocurrido en el país en los últimos 30 años, dice Ramírez Cuéllar, responsable de elaborar el documento, es que se impuso una estrategia que desplazó a la economía social y deshizo la capacidad productiva del sector público en beneficio de una minoría. Por ello, el Congreso está obligado a impulsar “cambios totales y radicales”. En su agenda, Morena contempla dar marcha atrás a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, lo que implica reformar “la Ley General de Educación Superior, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, además de incorporar en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación superior. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2183, ya en circulación)