CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el país existen células de grupos que tienen hasta mil 500 empresas constituidas que sólo se dedican a facturar entre ellas y vender facturas a otras empresas, razón por la que el martes próximo se discutirán cambios legales para considerarlo como delincuencia organizada y que amerite prisión preventiva. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y cabeza del grupo de trabajo que analiza el tema de la facturación falsa, aclaró que no se trata de perseguir o catalogar de delincuentes a empresarios que incurran por error en este ilícito. Incluso, en diversas reuniones de integrantes de la iniciativa privada, el procurador fiscal y el grupo de trabajo de legisladores detallaron que cuando se detecte dicha irregularidad, se tendrán cuatro filtros para aclarar la situación.

“Ellos tenían temor de que esto también pudiera perjudicar a contribuyentes normales, a personas que realicen una labor empresarial normal y el procurador fiscal de la Federación les aclaró que no va a ser así, que no se pretende atacar a empresarios o personas físicas que tengan una actividad normal y que, en todo caso, si tienen alguna irregularidad fiscal, se les invitará a que se pongan al corriente, pero no se ejercerá la acción penal en contra de ellos, sino en contra de estas empresas que generan un grave daño al país”, dijo.

El diputado morenista explicó que la propuesta es que el delito se eleve a delincuencia organizada y que sea un tema de seguridad nacional, razón por la que se está proponiendo también que se les dé prisión preventiva oficiosa a quienes se les detecten operaciones simuladas con facturas por 8 millones de pesos “y que además sea con esa intención”. “Ellos (los empresarios), lo que dicen es que en este proceso pueden irse algunas empresas o empresarios que no se dediquen a eso de manera formal. Se les explicó que eso no va a ser así, que no es contra empresarios que realizan alguna labor y que, digamos por algún error, pudieran tener alguna factura que tiene una operación simulada, todavía tienen que pasar cuatro filtros, primero, una revisión del SAT y ahí se pueden defender”. Un segundo filtro es ante la Procuraduría Fiscal de la Federación que, supongamos encuentra que existe un delito, presenta esta querella ante la Fiscalía General de la República; luego, la Fiscalía General de la República, si detecta que es un delito, lo presenta ante un juez y es un juez federal quien finalmente va a decidir si hay delito o no, explicó el diputado. “Es decir, hay muchos controles para determinar cuando alguien no está cometiendo un delito, que pueda sustraerse de ese tema, pero las personas que sí son delincuentes, necesitamos poder tener acciones específicas para bloquearles cuentas, para hace cateos, para poder meterlos a prisión, porque los fraudes que están realizando son de miles de millones de pesos al año”, explicó. Insistió en que “éste no es un tema de persecución fiscal para las personas normales. Sí es un tema de persecución a delincuentes, sin duda y vamos contra ellos, pero no es un tema para todos los contribuyentes”. La forma en que se opera el fraude, ilustró el diputado, es de la siguiente manera:

“Son facturas reales, no es que sean facturas falsas. Las facturas son reales, pero no amparan ninguna prestación de servicio, ni ninguna adquisición de ningún bien; pagan el dinero a quien emite la factura y luego sacan el dinero de manera en efectivo, y ya se lo reparten quienes hicieron este pago, y esa factura que tiene le sirve para deducir sus gastos y pagar menos impuestos. Ese es el esquema de fraude que se usa”.

La minuta que se someterá a discusión el próximo martes contempla cambios en la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Delincuencia Organizada, Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.