CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recomendó al Poder Legislativo hacer modificaciones a la iniciativa de Ley de Amnistía, presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata, dijo, de beneficiar al mayor número de personas, considerando que el sistema judicial mexicano “ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando violaciones al debido proceso, y a los derechos a la libertad y a la integridad personales”. De acuerdo con las observaciones que hizo el organismo --presentadas este lunes a la Cámara de Diputados por el representante de ONU-DH, Jan Jarab--, para ser efectiva, la iniciativa debería considerar a personas que han sido privadas de la libertad bajo distintos tipos de delito por ejercer la libertad de expresión o por manifestarse libremente. También en casos de terceras personas que intervienen en la interrupción del embarazo, así como aquellas que han sido consideradas víctimas de violaciones de derechos humanos por organismos internacionales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Para la ONU-DH, la iniciativa de amnistía pretende “remediar algunas de las irregularidades del sistema de justicia penal en México, que conducen a poner a personas en situación de vulnerabilidad y, por ende, susceptibles de ser violados sus derechos humanos”. La propuesta presidencial, abundó, es factible de enriquecerse para beneficiar “a una mayor cantidad de personas que han sido víctimas de injusticias y que podrían verse favorecidas por una amnistía”, considerando otros supuestos a los incluidos en el documento. Además, podría tener mayor impacto “mejorando su forma de operación y dotando de mayor seguridad jurídica a las personas beneficiadas, y atacando alguna de las causas estructurales de los problemas del sistema de justicia penal en México”. Si bien la ONU-DH coincidió con el diagnóstico que se incluye en los considerandos de la iniciativa, en el sentido de que las víctimas de las violaciones al debido proceso son aquellas que “se encuentran en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza”, y de entre ellos la mayoría son mujeres, jóvenes y personas indígenas, recomendó ampliar los supuestos de beneficiarios. En ese sentido, la ONU-DH alentó a “reconsiderar los supuestos de aplicación de una Ley de Amnistía, ampliando dicha aplicación a personas que hubiesen sido procesadas o sentenciadas bajo figuras penales tendientes a castigar el ejercicio de ciertos derechos y libertades”. Entre esos tipos penales se encontrarían los que atentan contra la libertad de expresión, como los denominados “delitos contra el honor”, así como los incluidos en la Ley General de Bienes Nacionales, usados contra las radios comunitarias; los utilizados contra la libre manifestación, como sabotaje, ataques a vías de comunicación, desobediencia y resistencia de particulares. Sobre la consideración de amnistía a mujeres que han interrumpido su embarazo, destacó que podría ampliarse el beneficio incluyendo “a otro personal de servicios de salud (...), así como a personas (familiares, por ejemplo) que hayan auxiliado a la mujer que interrumpe el embarazo”. De igual manera, consideró que podrían ser sujetos de amnistía “personas que cuenten con resoluciones de algún organismo internacional o de la CNDH, en las que se recomiende o se requiera la libertad de la persona o en las que hayan determinado violaciones al debido proceso que hubieran trascendido al fallo judicial”. En la evaluación de la iniciativa, consideró que el Poder Legislativo debería “reformular las limitaciones en la aplicación de la amnistía” contempladas en la iniciativa, como en casos de “delitos graves”, término que ya no existe en el Sistema Penal vigente. Y propuso que la limitante “opere únicamente en supuestos previstos de delitos contra la vida, la integridad corporal o secuestro, siendo estos delitos con víctimas identificables y que hayan lesionado gravemente a la sociedad mexicana, así como en el caso de delitos contra la humanidad o delitos que conlleven graves violaciones a derechos humanos”. También consideró que debe establecerse “con mayor claridad” cómo se aplicará la amnistía, “reconsiderando a las instancias responsables de la aplicación de la ley y definiendo las reglas generales de operación, a efecto de dotar de mayor seguridad jurídica a las personas que presenten la solicitud para la aplicación de la medida”. Para la ONU-DH, se requieren “cambios legislativos” que vayan más allá de la Ley de Amnistía, “con el objetivo de derogar tipos penales que violan o podrían vulnerar los derechos humanos; reformar tipos penales que han conducido al uso abusivo del encarcelamiento; reformar o derogar figuras de derecho penal mexicano que han conducido a la utilización excesiva de la privación de la libertad, y que han afectado particularmente a personas en situación de pobreza”.