CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó actos de tortura contra una persona y retención ilegal en agravio de otras dos, violaciones cometidas por personal de lo que fuera la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, en octubre de 2014, con la finalidad de incriminar a las víctimas en el delito de secuestro. Al considerar que se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal e integridad por actos de tortura, el organismo dirigió una recomendación al gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, a fin de reparar el daño a las víctimas y colabore con la CNDH en las denuncias contra los servidores públicos responsables ante la Fiscalía General del estado y la Unida de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad estatal. De acuerdo a la recomendación 88/2019, el 11 de octubre de 2014, dos de las víctimas, que son pareja, fueron detenidos con un menor de edad, en el municipio de San José del Rincón, por policías estatales y trasladados a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especial en Delincuencia Organizada (Siedo) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo a los testimonios de estas dos víctimas, recabados por el organismo, el matrimonio se encontraba en su domicilio cuando llegaron a detener a su esposo elementos policiacos, a quienes acompañaba “una muchacha”, quien supuestamente habría sido encontrada en una milpa dentro de la propiedad de las víctimas. Con su hijo en brazos, la mujer siguió a la patrulla en la que se llevaban a su esposo, y advirtió que en una desviación, lo bajaron y lo subieron a una camioneta donde fue golpeado al menos diez minutos. Al percatarse de su presencia, los agentes aprehensores la subieron a la patrulla, donde vio cómo el operativo se dirigía a “otras casas” y se percató que de una de ellas los policías sacaban a la tercera víctima. En el trayecto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ixtlahuaca, los policías amenazaban a la mujer con matar a su esposo “sino decía la verdad”, y en las instalaciones policiacas, escuchaba los gritos de su pareja al ser golpeado al grado de romperle un brazo, para posteriormente tomarles fotografías a la pareja junto con la tercera víctima, “trasladándolos a Toluca y de ahí a la Siedo”. De acuerdo al documento recomendatorio, la mujer fue liberada dos días después de su detención, en tanto que su esposo y la otra víctima, fueron trasladados a CEFERESO 2, acusados de secuestro. De acuerdo a la investigación de la CNDH, la versión de las víctimas es distinta a lo declarado por los agentes aprehensores, quienes aseguraron que localizaron a una persona de sexo femenino, luego de recibir telefónica donde les indicaron “que por el campo de futbol rápido de dicha comunidad, se escuchaban gritos” de una mujer, y que al llegar, a las 11:30 horas,  dos hombres comenzaron a correr en dirección a una casa cercana a la milpa, “lográndose su detención con una tercera persona de sexo femenino”. Además de las contradicciones respecto a la detención, la CNDH advirtió que fueron puestos a disposición ante la autoridad ministerial federal a las 17:00 horas del 11 de octubre de 2014, “sin que justificaran de manera razonable su retención ilegal, aunado a que en la entonces Siedo, se dejó en libertad con reservas de ley a la esposa de uno de los detenidos”. Sobre la fractura del brazo y las lesiones que presentó el esposo de la mujer, la explicación que dio uno de los agentes aprehensores es que “fue como consecuencia de un caída antes de su aseguramiento”, lo que no corresponde con los dictámenes médicos y la Opinión Médica Especializada para casos de posible tortura y/o maltrato de la CNDH, que confirmó que las lesiones “fueron producto de actos de tortura, aunado a que presentó un impacto psicológico tanto por su detención como por las lesiones infligidas por personal de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal”. En cuanto al otro hombre víctima, quien se negó a presentar una queja ante el organismo, “igual presentó alteración en su integridad física, por lo que la CNDH solicitó que se continúe con la investigación en la Carpeta de Investigación 1, en la que se encuentra pendiente la aplicación del ‘Protocolo de Estambul’ a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, y, en su caso, se proceda a la reparación del daño”. Toda vez que la detención ilegal de las tres personas estuvo relacionada con el secuestro de dos personas víctimas de delito, la CNDH instruyó a que, “previo su consentimiento, se determine su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas para efecto de la reparación del daño”. El organismo solicitó al gobernador del Estado de México que se coordine con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, y que “repare integralmente el daño ocasionado a los agraviados, y para el caso que se acredite que el tercero de ellos, padeció tortura, se proceda a la reparación del daño correspondiente, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y se les proporcione atención psicológica y en el caso de la víctima de tortura, la atención médica que requiera”. La CNDH pidió la colaboración del gobernado en la presentación de la queja y denuncia que se presenten ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Estatal y en la Fiscalía General del Estado, respectivamente, y se adjunte copia de la recomendación al expediente laboral de los servidores públicos involucrados. La CNDH instruyó a que se capacite al personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en derechos humanos, prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como “proporcionarles equipos de videograbación y audio que permitan documentar sus actuaciones”.