El caso de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, está en manos de la justicia británica

miércoles, 30 de octubre de 2019
LONDRES, Ing. (apro). - Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quedó esta semana en manos de la justicia británica tras ser detenida luego de una solicitud de extradición a México por fraude, específicamente por el desvío de 5.7 millones de dólares de dinero público. En entrevista con Proceso, un portavoz del Ministerio del Interior británico (Home Office) confirmó desde Londres que a partir de ahora el caso de Macías Duarte será decidido en las cortes británicas. “Karime Macías Duarte fue arrestada el 29 de octubre de 2019 en relación a un pedido de extradición de México por cargos vinculados al fraude”, indicó el vocero oficial, quien pidió mantener su anonimato. “Este caso quedó ahora bajo las cortes y sería inapropiado hacer algún otro comentario al respecto”, agregó. El vocero indicó además que el proceso de extradición podría demorarse de entre tres a seis meses. El 25 de octubre pasado, Macías Duarte, de 43 años y que arribó a Londres en abril de 2017 tras la captura de su esposo en Guatemala, fue notificada por conducto de su abogado en Londres a una audiencia judicial para efecto de dar inicio a una solicitud de extradición a propósito de una orden de aprehensión dictada en Veracruz. Esa citación se produjo luego que la ministra del Interior británica, la conservadora Priti Patel, finalmente aceptó dar inicio al proceso tras el pedido de extradición de Macías por parte de Interpol. El proceso legal podría extenderse por meses debido a la complejidad del caso. El 5 de octubre de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México había entregado a Gran Bretaña la solicitud de arresto provisional con fines de extradición de Macías Duarte, en la que se especificaba que la petición de detención era en apego al convenio signado entre estas dos naciones para la entrega de “fugitivos criminales”. La exprimera dama veracruzana, que en los últimos meses cambió de aspecto físico al cortarse el pelo muy corto y teñirse de oscuro con el fin de evitar a la prensa, es requerida por un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa por el presunto desvío de 112 millones de pesos (MDP) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ese delito conlleva una pena de entre 5 y 12 años en prisión. En mayo del año pasado, la Interpol había emitido la ficha roja para localizarla y aprehenderla. La esposa de Javier Duarte se trasladó voluntariamente el 29 de octubre último desde su exclusiva vivienda en la calle de Wilbraham Place, en el multimillonario barrio londinense de Belgravia, a una corte del barrio de Westminster, en pleno centro de Londres, donde testificó durante seis horas en una audiencia, antes de ser dejada en libertad tras el pago de una fianza de 193.000 dólares. Un magistrado a cargo de la audiencia consideró que Macías Duarte podía quedar en libertad, pero sólo con restricciones y medidas razonables, entre las que se encuentra no poder salir de Londres ni darse a la fuga. La mujer fue informada que deberá quedar ahora a disposición de la justicia británica, a la espera de una causa judicial. Según el abogado de la mujer, Marco del Toro Carazo, la esposa de Javier Duarte había solicitado el año pasado asilo en el Reino Unido por supuesta “persecución" en su país. Esa solicitud, que por ahora no ha sido denegada ni aceptada por parte del Ministerio del Interior, podría demorar incluso más la causa de extradición a México. Si los jueces estiman que hay fundamentos en el pedido de Interpol y las autoridades mexicanas, procederán a fijar fecha para el inicio del procedimiento de extradición, que podría prolongarse durante meses, de acuerdo a los protocolos normales del Reino Unido para estos casos. Sin embargo y en caso que la corte autorice eventualmente su traslado a México, la última palabra la tendrá la ministra del Interior Patel. Debido a los tiempos de la causa, y teniendo en cuenta que habrá elecciones generales en Gran Bretaña el 12 de diciembre, es probable que esa decisión recaiga en el próximo gobierno británico. La causa de extradición se inició menos de tres meses después de una importante visita a México por parte del canciller británico Dominic Raab, en la que el funcionario inglés prometió que el Reino Unido invertirá unos 78 millones de dólares en los próximos cinco años para ayudar a combatir la pobreza y la corrupción en México. “El Reino Unido está muy entusiasmado de trabajar junto a nuestros amigos mexicanos para forjar una relación que beneficie a ambos. Hay enormes oportunidades para mejorar el comercio bilateral, crear fuentes de trabajo, combatir la pobreza y la desigualdad, y resolver algunas de las principales prioridades de México como reforzar la transparencia y reducir la corrupción”, afirmó Raab durante su visita a la ciudad de México, el pasado 8 de agosto. El procedimiento judicial que enfrenta Macías Duarte está regulado por un tratado de extradición que México y el Reino Unido firmaron en el siglo XIX (1887), pero que continúa vigente hasta la fecha. El tratado indica que la demanda de extradición “deberá hacerse por medio de los Agentes Diplomáticos respectivos de las Altas Partes Contratantes” y destaca que deberá estar acompañada “de un mandamiento de prisión expedido por la autoridad competente del Estado que pida la extradición, y de la prueba que, conforme a las leyes del lugar donde se encuentra el acusado, justificarían su detención, si allí se hubiere cometido el delito”. Según ese documento, si la demanda de extradición está conforme con las precedentes estipulaciones, “las autoridades competentes del Estado al cual se haya pedido aquella, procederán a la aprehensión del prófugo”. Dicho tratado entre México y el Reino Unido estipula además que “se pondrá en libertad al reo prófugo, si no se produce prueba suficiente para la extradición en el término de dos meses contados desde la fecha de su aprehensión, o dentro del término que, además de estos dos meses, señale el Estado a quien se pide la extradición o el Tribunal competente del mismo”. E indica que todos los objetos secuestrados que, al tiempo de la aprehensión, estaban en poder del individuo a quien se ha de entregar, “también serán entregados cuando la extradición tenga lugar, si la autoridad competente del Estado al que aquella se ha pedido, ordena la entrega de los mencionados objetos: dicha entrega se extenderá, no solo a los objetos robados, sino a todo lo que pueda servir de prueba del delito”.

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