CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), otorgó la vinculación a proceso a dos excolaboradores de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como a un exdirectivo de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), quienes estarían involucrados en el desvío de recursos conocidos como la Estafa Maestra. Se trata de Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros de la Sedesol; José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario de la misma institución, así como José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH). La determinación estuvo a cargo del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta, tras la audiencia inicial para imputarles el delito de uso indebido del servicio público, en las modalidades de pago ilegal, contratación indebida y ser parte de la operación. “Yo estimo que los datos de prueba son aptos y suficientes para vincular a proceso”, señaló la juez Moguel Ancheyta, quien como medida cautelar solicitó su presentación quincenal ante las autoridades de control, la restricción para salir del país y el pago de una garantía de 70 mil pesos. A decir de la FGR tanto Montoya Santos y Torres Gutiérrez autorizaron pagar ilegalmente 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de los comedores comunitarios en el Estado de México, en el que se contrató a la Upch y del que se acusa la pérdida de entregables que acreditaran la ejecución de las obras. Dichos pagos fueron adjudicados mediante contrato, entre el 14 de abril y 6 de mayo del 2015, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin que la Sedesol verificara si Upch tenía la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo la mejora de los comedores comunitarios. Desde abril pasado, la FGR inició las indagatorias sobre el papel que jugaron Montoya Santos y Torres Gutiérrez, junto a otros funcionarios de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Entre ellos, Enrique González Tiburcio, exsubsecretario (quien denunció en junio de 2017 la falsificación de su firma en un convenio marco), y Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo (acusado de firmar entregables, aunque también denunció la falsificación de su firma), ambos en la Sedatu. La FGR los acusa de triangulación de recursos federales a empresas fantasma por medio de instituciones educativas, una de las cuales sería la Politécnica de Chiapas. Por último, Moguel Ancheyta fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria que deberá de determinar si a los inculpados, Montoya Santos, Torres Gutiérrez y Aguilar Fuentes, se le suman nuevos elementos que deriven en una causa penal, se les imponen nuevas medidas cautelares o se les declara absueltos.