CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agencias de Naciones Unidas urgieron al Estado mexicano a desarrollar políticas públicas a favor de la niñez e “implementar todas las medidas necesarias para eliminar los matrimonios infantiles, incluyendo aquellos de facto o uniones libres”. Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó la “prohibición del matrimonio infantil sin excepciones” en México, representantes de las oficinas de la ONU --Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPS, por sus siglas en inglés), y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)-- se congratularon de la determinación. El fallo derivó de un recurso presentado por la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes contra la reforma de 2016 al Código Civil de la entidad, por la que se establecían “dispensas” en la prohibición del matrimonio infantil. La resolución de la SCJN determinó la constitucionalidad de la prohibición “sin excepciones” del matrimonio infantil, lo que para las agencias de la ONU representa “una medida de protección reforzada de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de riesgo”, y coinciden con las recomendaciones que han formulado las agencias al Estado mexicano. La determinación del Poder Judicial se suma a la reciente aprobación del dictamen en el Senado de la República que prohíbe el matrimonio infantil en el Código Civil Federal, apuntaron las agencias de Naciones Unidas en un comunicado. De igual manera, exhortaron a los integrantes de la Cámara de Diputados a secundar al Senado en su aprobación de la minuta de reforma al Código Civil Federal, y pidieron al Congreso de Baja California que “realice las adecuaciones legislativas” necesarias para que se homologue la prohibición del matrimonio infantil en el país. Los cambios legislativos deberán acompañarse por “todas las medidas necesarias para eliminar los matrimonios infantiles, incluyendo aquellos de facto o uniones libres”, lo que implica “el desarrollo de políticas y programas integrales para que niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela y tengan oportunidades para realizar su proyecto de vida”. Es indispensable que “familias y niñas en situación de vulnerabilidad reciban los apoyos necesarios y que se implementen estrategias para modificar las normas y estereotipos que legitiman la desigualdad de género”, añadieron. El representante de la UNFPS, Arie Hoekman, consideró que el matrimonio infantil “pone en riesgo la vida y la salud” de las niñas, además de limitarles sus perspectivas futuras, ya que al resultar embarazadas siendo adolescentes, “aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones durante el embarazo o el parto, colocando sus vidas en riesgo”. Christian Skoog, representante de UNICEF, destacó que el matrimonio infantil “es un fenómeno jurídico, político y social que constituye una violación de derechos humanos por representar una importante amenaza para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”. Belén Sánz, de ONU Mujeres, precisó que el matrimonio infantil es “una violación a los derechos humanos que afecta mayoritariamente a las niñas y adolescentes, amenazando gravemente su desarrollo, su salud, su educación, su integridad y su vida”. A su vez, Jan Jarab, representante de la ONU-DH, celebró que la SCJN haya incorporado estándares internacionales en su resolución, lo que “significa un avance para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México”. Los diplomáticos firmantes reiteraron su disposición para “fortalecer los esfuerzos nacionales dirigidos a eliminar el matrimonio infantil”.