CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que al final de su gestión, en 2024, la violencia habrá disminuido al 50% en relación con los niveles registrados durante el arranque de su gestión, en 2018. Lo anterior se desprende del borrador del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que fue enviado a la Cámara de Diputados. “Los índices delictivos –de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público, entre otros– se habrán reducido 50% en comparación con los de 2018, y México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desaparecidos y violaciones a derechos humanos”, puntualizó en el documento. Añadió: “Para entonces la delincuencia organizada estará reducida y en retirada. Los jóvenes no se verán empujados a las conductas antisociales, y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos integrantes que hoy representan la exclusión de los jóvenes del estudio y el trabajo”. De igual manera, prometió que al concluir su gobierno se habrá implantado una nueva cultura de la legalidad respecto del estado de derecho, apoyada por una nueva política de seguridad y la presencia de la Guardia Nacional. “La delincuencia de cuello blanco habrá desaparecido y la corrupción política y la impunidad que han prevalecido hasta 2018 habrá quedado reducida a casos excepcionales, individuales e inmediatamente investigados y sancionados”, prometió. Para lograr ese objetivo, basó sus indicadores en el Plan Nacional de Seguridad aprobado el pasado 23 de abril en el Senado de la República, tras la comparecencia de Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Entre los factores que ayudarán a llegar a esas cifras, anotó, se habrá implantado una nueva cultura de legalidad y política social, como “reformular el combate a las drogas”, “erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”, “garantizar empleo, educación, salud y bienestar”, “pleno respeto a los derechos humanos”, “recuperación y dignificación de las cárceles”. De manera particular dio a conocer nuevos ejes y puso énfasis en acciones concretas como “el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición forzada, el secuestro y el asalto en transporte público”. En el diagnóstico presentado, donde prometió un “cambio de paradigma”, López Obrador criticó la estrategia empleada por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque, dijo, partió de un “populismo penal” basado en el endurecimiento de penas y persecución de criminales. Escribió: “Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado ‘populismo penal’, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas”.

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Posteriormente, agregó, “se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras. Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada”, recalcó. Como parte de la política para reducir la “corrupción” en el combate y prevención del delito, el presidente de la República se comprometió a reducir las brechas salariales entre policías, jueces y ministerios públicos, según el nivel de sus capacidades. “Las diferencias de salarios entre un agente del Ministerio Público federal, un miembro de la institución policial y un juez federal, actualmente abismales, serán reducidas al mínimo, dependiendo del rango y los niveles”, finalizó.