CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en países latinoamericanos, entre los que ubicó a México. En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, señalaron que en los primeros cuatro meses del año se registró el asesinato de al menos diez personas, nueve hombres y una mujer y, añadió que, al menos, se han documentado 13 casos durante 2018, lo cual supone un aumento significativo de la violencia. Manifestaron su desasosiego porque ocho de las personas defensoras asesinadas eran indígenas. Entre los casos, citaron el asesinato de Sinar Corzo, en Arriaga, Chiapas, quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos El Coloso de Piedra, el 3 de enero pasado. En 2013 fue detenido, de manera arbitraria, por su activismo en la defensa del agua. El 17 de enero también desaparecieron Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas. Sus restos fueron localizados al día siguiente. Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, indicaron. Recordaron que el defensor de la comunidad muxe, activista por los derechos de las personas LGBTI, Óscar Carzola, fue asesinado en su domicilio, ubicado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El 20 de febrero, el defensor indígena de la tierra frente a megaproyectos y también comunicador comunitario, Samir Flores, fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, rememoraron que el 30 de marzo se reportó el asesinato, también en su domicilio, de Abiram Hernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz. Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por los defensores de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos del 12 de febrero al 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. La retención de Otilia e Hilario se registró cuando viajaban en transporte público desde Tierra Colorada hasta Chilpancingo, Guerrero. Obtilia fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.