CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira celebró la decisión presidencial de atender el caso de los 474 enfermos de hidrocefalia que fueron sometidos a un tratamiento experimental con un dispositivo patentado por el dos veces director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco (INNNMV), Julio Everardo Sotelo Morales. Tras haber denunciado estos casos desde la década de 1990, de haber sido despedido en dos ocasiones del INNNMV, de haber recibido amenazas de muerte e incluso un intento de atentado, Ondarza Rovira consideró que el mensaje presidencial constituye una buena señal, puesto que el sexenio pasado las quejas fueron minimizadas y algunos pacientes perdieron la vida. Durante la conferencia mañanera del pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema luego de que un periodista abordó dichas prácticas perpetradas en el INNNMV en contra de 474 pacientes con hidrocefalia, víctimas de cirugía experimental ilegal, debido a que muchos pacientes siguen sufriendo las consecuencias con secuelas neurológicas o la muerte misma, señaló Ondarza, en entrevista con Apro.

“Ante la criminalización del acto médico en sexenios anteriores, ante la tentativa de privatización del sector salud, también estoy muy satisfecho de que AMLO preste su atención a este caso, puesto que de esta manera la situación en el sector empieza a tener sus dimensiones reales haciéndose posible el acceso al derecho humano a la salud”, agregó.

Recordó que, en 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), encabezada por el obispo Raúl Vera, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el expediente se extravió durante la gestión de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de dicha Comisión. La red, a la que Ondarza pertenece, dio a conocer que el gobierno mexicano tiene 90 días, contados a partir del 9 de mayo de 2019, para responder sobre el caso de experimentación sin autorización en el INNNMV. En el comunicado sobre dicha petición, se señaló que en 1993, Sotelo Morales patentó un tubo o manguera experimental denominado “Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo”, fabricado con un material llamado Tygon que, supuestamente, ayudaría a pacientes con hidrocefalia.

“El INNNMV experimentó con este dispositivo en más de 500 pacientes sin que fueran previamente informados de que se experimentaría en ellos. Este caso fue presentado el 16 de julio de 2012 ante la CIDH. Tres víctimas han exigido justicia, una de ellas ya murió sin que se hubiera justicia”, añadió la Red.

Los daños que ha causado el implante en los pacientes es irreversible debido a que el dispositivo se ha encarnado en el cerebro, lo cual les ha impedido realizar sus actividades cotidianas para ser dependientes de sus familiares, además de sufrir constantes dolores de cabeza, inestabilidad del cuerpo e insomnio. “Como trabajador y especialista del instituto creo que, efectivamente, debe removerse a las autoridades de dicho nosocomio. Esto, en virtud de que el director general, Miguel Ángel Célis López, es presunto responsable de este crimen, cuando menos por omisión, y hasta no ser esto aclarado, debería dimitir o quizá ser retirado del cargo. “Lo mismo es aplicable para otras autoridades, como quienes estuvieron como titulares del Órgano Interno de Control de dicha institución, quienes a pesar de contar con un dictamen de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a favor de las víctimas, no sólo lo han ocultado, sino que se sumaron a la represión”, añadió Ondarza. Desde 2006, Ondarza ha sido reprimido por encabezar la denuncia contra Sotelo Morales a nivel nacional e internacional. Junto con otros médicos, fue despedido de Neurología, demandó y en 2012 ganó el laudo. En marzo de 2017 sufrió una tentativa de homicidio que quedó asentado en el expediente CI-FAO/AO-1/UI-3S/D/01373/03-2017 contra Sotelo y Célis, como presuntos responsables. Por lo anterior, es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero aun así continuó el acoso laboral en su contra que culminó con un segundo despido injustificado en noviembre de 2017. Ondarza se amparó y demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque su destitución esta vez fue a través del Órgano Interno de Control. En mayo de 2018, el Tribunal falló a su favor y ordenó su reincorporación al INNNMV, pero dicho órgano ha usado estrategias para dilatar el acatamiento de la sentencia, como emplear un incidente de nulidad, se ha amparado, se ha quejado por perder dicho amparo, el cual, por cierto, fue calificado como “infundado”.

“El OIC debió reinstalarme hace más de una semana y no lo ha realizado. Esto, en el marco de un despido injustificado previo, de hace una década y de una tentativa de homicidio en 2017. Hace un mes entregué una nueva denuncia al OIC en el instituto sobre el crimen de lesa humanidad y no me han respondido”, señaló el neurocirujano.