CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ejercicio del periodismo en México “está en constante ataque”, reconoció la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de asegurar que tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión y que no exista impunidad en las agresiones a esa práctica. “No podemos hablar de democracia sin hablar de libertad de expresión. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, consideramos primordial que todas las personas puedan pensar y expresar sus ideas, independientemente del contenido de éstas, sin censura ni restricciones indirectas”, afirmó el subsecretario Alejandro Encinas. En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México, Encinas Rodríguez se pronunció porque no exista impunidad en casos en los que las personas que ejercen el periodismo han sido violentadas o privadas de la vida. Y por ello reconoció la obligación que se tiene, desde el ámbito de su competencia, de garantizar, proteger, promover y respetar el ejercicio pleno de este derecho. “Esto incluye proteger y garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio de la labor periodística, que está en constante ataque en nuestro país”. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación recordó que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 6º que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, y que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Asimismo, añadió, la Carta Magna establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Encinas aseguró que la Segob ha trabajado durante los primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el análisis y la evaluación del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante el cual se determinó fortalecer las facultades, atribuciones y esquemas de intervención del Estado mexicano.